Sinopsis

La presente obra analiza la vigente regulación del delito fiscal contenida en el art. 305 CP y su conexión con la actual regulación contenida en el Título VI de la LGT, relativa a las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en los supuestos de delito contra la Hacienda Pública. Tras un análisis preliminar de la figura de la regularización tributaria derivada del antiguo art. 305.4 CP se analiza el alcance de las reformas llevadas a cabo por la Ley Orgánica 7/2012 y por la Ley 34/2015, de modificación de la LGT. Igualmente se estudia el alcance de la reforma reglamentaria llevada a cabo por los Reales Decretos 1070/2017, 1071/2017 y 1072/2017, así como las principales cuestiones prácticas planteadas a la hora de cumplimentar los actuales Modelos 770 y 771 aprobados en la Orden HAC/530/2020. Con el objetivo de reducir el fraude fiscal y asegurar la recaudación de las deudas tributarias más elevadas, el citado Título VI de la LGT establece la prohibición de cualquier procedimiento sancionador sobre los mismos hechos que puedan ser constitutivos de delito fiscal, procediéndose a efectuar la práctica de dos liquidaciones, a saber, la de los elementos de la obligación tributaria vinculados con el delito y la de aquellos que no se encuentran vinculados al mismo. Ahora bien sin perjuicio de lo anterior la regulación aprobada se fundamenta en aspectos tan discutibles como la atribución a la Administración tributaria de la liquidación y ejecución de la deuda antes de la existencia de una sentencia penal firme o de su ejecución por la vía de apremio y la diferenciación entre elementos vinculados y no vinculados al delito, lo que podría llegar a afectar a derechos tan relevantes como la tutela judicial efectiva. A pesar de que, a priori, el objetivo último no habría de ser otro que garantizar el necesario respeto a los derechos y garantías de los contribuyentes (entre ellos, el derecho a la tutela judicial efectiva así como la presunción de inocencia) y, por ende, a principios de carácter esencial tales como los de proporcionalidad, non bis in idem, contradicción y no autoincriminación, la regulación aprobada tiene como principal objetivo liquidar y recaudar las deudas vinculadas al delito mientras se instruye el proceso.