Sinopsis

Transcurridas más de dos décadas desde la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas, en el ordenamiento jurídico español sigue ofreciendo dificultad afrontar con solvencia las consecuencias derivadas de esta solución legal, particularmente en lo que atañe a su incidencia procesal. A la necesidad de redefinir, para este sujeto jurídico, los tradicionales criterios de imputación y resolver las dudas interpretativas que, a esos efectos, plantea el complejo art. 31 bis CP, se suma la de dar respuesta a las muchas implicaciones procesales de las disposiciones contenidas en este precepto y corregir el desajuste derivado de la sujeción de un ente jurídico a un proceso penal originariamente configurado en torno al individuo, persona física. La obra aborda los diferentes escenarios procesales que, con mayor viveza, reflejan los efectos de esa conversión de un ente jurídico en sujeto pasivo del proceso penal, entre otros, el que abre el estatuto jurídico que ha de ver asegurado y el que ha acabado por ser el régimen de intervención procesal de la persona jurídica encausada, el recurso a la conformidad y otras fórmulas basadas en criterios de oportunidad puestas a su alcance y, particularmente, el conformado por las implicaciones procesales de la Ley 2/2023, esto último, a la vista del difícil equilibrio entre la protección que pretende conferirse al informante -whistleblower- y la garantía del derecho de defensa y de los que son a esta instrumentales que corresponden al encausado, sea persona física o jurídica. Estos, y algunos otros concomitantes, son los marcos a los que este grupo de especialistas ha llevado su análisis y valoración crítica, y en los que vierten valiosas soluciones a los no pocos problemas detectados -si no nacidos de la creciente digitalización que envuelve al proceso y los instrumentos de los que se sirve, agravados por esta- junto a fundadas propuestas de lege ferenda que aseguren la compatibilidad de estas herramientas y fórmulas puestas al servicio de la eficacia en la investigación del delito corporativo -y, como objetivo último, de la lucha frente a la corrupción- y las exigencias del proceso justo y con todas las garantías que, al igual que la persona física, ha de transitar la persona jurídica.

Índice

Prólogo 19
Capítulo 1.
COIMPUTADOS. LAS DECLARACIONES BENEFICIADAS 27
José María Asencio Mellado
1. Los coimputados como partícipes en la comisión de los hechos presuntamente delictivos. La indisponibilidad de la atribución de la condición procesal a los intervinientes en la causa. 28
1.1. Fuente y medio de prueba 29
1.2. La evitación del fraude procesal. 32
1.3 Principio de oportunidad y confesiones premiadas 34
1.4. La adquisición de la condición de imputado 43
1.5. Los efectos de una alteración indebida de la condición del declarante. 46
1.6. Los requisitos exigibles para otorgar valor a las declaraciones de los coimputados 47
1.7. Corroboración externa. 55
1.8 La credibilidad del coimputado. 57
2. Testigos protegidos y de referencia. 58
2.1. Testigos protegidos. Testigos anónimos 59
2.2 Testigos de referencia. 65
3. Los coimputados en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2020 70
Capítulo 2.
EL CONTROVERTIDO VALOR PROBATORIO DE LA DECLARACIÓN DEL INVESTIGADO Y SUS MODULACIONES EN EL CASO DE LA PERSONA JURÍDICA ENCAUSADA 75
Yolanda Doig Díaz
1. Presentación 76
2. Dos apuntes previos 81
2.1. El conocimiento de la imputación como presupuesto de la declaración 81
2.2. La intervención de la persona jurídica en el proceso penal. 87
3. La declaración exculpatoria 91
3.1. La declaración exculpatoria de la persona jurídica 98
4. La negación de los hechos imputados. 103
5. La confesión y la conformidad. 105
5.1. La confesión 106
5.2. La conformidad 111
6. El silencio 116
6.1. El silencio de la persona jurídica 124
7. La mentira 129
8. Bibliografía 135
Capítulo 3.
EL ESTATUTO PROCESAL DEL LEGAL REPRESENTANTE ESPECIALMENTE DESIGNADO POR LA PERSONA JURÍDICA PARA EL PROCESO PENAL 141
Bárbara Patricia Murcia García
1. Introducción 143
1.1. Antecedentes. Estado de la cuestión en relación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el proceso penal. 143
2. La designación del legal representante de la persona jurídica para el proceso penal. 150
2.1 La importancia del representante de la persona jurídica en el proceso penal. 150
2.2 La designación del representante de la persona jurídica para el proceso penal. 152
2.2.1 Regulación vigente en relación al nombramiento del representante de la persona jurídica. 152
2.2.2 Implicaciones del carácter facultativo del nombramiento del legal representante. 155
2.2.3 Personas sobre las que puede recaer la representación. 158
3. La intervención del representante designado por la persona jurídica en el proceso penal 177
3.1 La imputación de la persona jurídica en el proceso penal. 178
3.2 La declaración en sede judicial del representante de la persona jurídica en el proceso penal. 184
3.3. La presencia del representante en la práctica de las diligencias de investigación. 187
3.3.1 La diligencia de entrada en el domicilio de las personas jurídicas. 188
3.4. La intervención del representante en el acto del juicio oral. 196
3.5. La conformidad de la persona jurídica prestada por el representante de la persona jurídica. 204
4. Conclusiones 209
6. Bibliografía 214
Capítulo 4.
EL APODERAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA JURÍDICA EN EL PROCESO PENAL A EFECTOS DE CONFORMIDAD: CASUÍSTICA Y PROBLEMÁTICA 217
Óscar Daniel Ludeña Benítez
1. Introducción 218
2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y nombramiento de representante 220
2.1. La falta de determinación legal del representante. ¿Puede ser el representante legal de la empresa el que la personifique? 221
2.2. ¿Y el Abogado o el Procurador? 225
2.3. El posible nombramiento de un “compliance officer” 227
3. Breve definición de la conformidad en el proceso penal. conformidad y persona jurídica: el poder especial para prestar la conformidad. 230
3.1. Concepto de conformidad 231
3.2. Características de la conformidad de la persona jurídica 232
3.3. Representante de la persona jurídica capacitado para prestar la conformidad. 235
3.4. La necesidad de poder especial para la prestación de la conformidad. 239
4. El acto de prestación de la conformidad y su control judicial 241
4.1. El acto de prestación de conformidad 241
4.2. El posible control judicial de la conformidad. 242
5. Conformidad y pluralidad de acusados posible revisión de la sentencia de conformidad 244
5.1. Conformidad en el caso de varios acusados. 244
5.2. Revisión de sentencia de conformidad 248
6. El anteproyecto de LECrim de 2020 250
7. Conclusiones 254
8. Bibliografía 256
Capítulo 5.
ASPECTOS PROCESALES CONTROVERTIDOS DE LA LEY 2/2023 DE PROTECCIÓN AL INFORMANTE Y DEL RD 1101/2024 DEL ESTATUTO DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE 259
Jordi Gimeno Beviá
1.Introducción: La importancia del contexto y el proceso como límite 260
2. La revelación (o no) de la identidad del alertador: ¿Derecho del denunciante o de la defensa? 265
3. La controvertida admisión (y promoción) de denuncias anónimas como medida de protección 270
4. La instrucción de la A.A.I y el limitado alcance de los derechos del afectado 276
5. Del derecho a no autoincriminarse a la obligación de autodenunciarse 280
5.1 La obligación de remitir la información al M.F cuando los hechos puedan ser delictivos 283
5.2 El acceso de la autoridad judicial al registro de informaciones 287
6. Algunos problemas derivados del RD 1101/2024 del estatuto de la A.A.I 289
7. Conclusiones 292
8. Bibliografía 294
Capítulo 6.
LA PRUEBA ANTICIPADA EN EL PROCESO PENAL. MENCIÓN ESPECIAL AL PROCESO FRENTE A LAS PERSONAS JURÍDICAS 299
Paloma Arrabal Platero
1. Introducción 300
2. La prueba anticipada en el proceso penal 300
2.1. Concepto de prueba anticipada. Distinción de la prueba preconstituida. 301
2.2. Solicitud y práctica de la prueba anticipada 313
3. La prueba anticipada de la persona jurídica 318
4. Bibliografía 320
Capítulo 7.
LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS 323
Belén Rizo Gómez
1. Introducción 324
2. Medidas cautelares aplicables a las personas jurídicas. 326
3. Presupuestos 334
3.1 Fumus boni iuris 334
3.2 Periculum in mora 339
4. La proporcionalidad en la adopción de medidas cautelares contra las personas jurídicas. 344
5. Medidas cautelares contempladas en el artículo 33 CP 346
5.1 Clausura temporal de locales o establecimientos 347
5. 2 La suspensión de las actividades sociales. 350
5.3 La intervención judicial 352
6. Procedimiento 359
7. Conclusiones 367
8. Bibliografía 373
Capítulo 8.
LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y LAS MEDIDAS DEL ARTÍCULO 339 DEL CÓDIGO PENAL 375
Virtudes Ochoa Monzó
1. Previo: la responsabilidad penal de las personas jurídicas 376
2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos contra el medio ambiente 385
2.1. La protección del medio ambiente, en especial, a nivel penal 385
2.2. Los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Consideraciones generales 393
2.3. La previsión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos ambientales 400
2.4. Las medidas del artículo 339 del Código Penal y su posible aplicación a las personas jurídicas 409
2.4.1. La previsión legal 409
2.4.2. La decisión de adopción de las medidas 411
2.4.3. Las posibles medidas a adoptar 413
2.4.4. Presupuestos para su adopción 419
2.4.5. La aplicación del artículo 339 del Código Penal a las personas jurídicas 423
3. Bibliografía 430
Capítulo 9.
LA AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS COMO ELEMENTO CLAVE PARA LA CONFORMIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA 437
Núria Mallandrich Miret
1. Introducción 437
2. Requisitos de validez de la conformidad prestada por la persona jurídica 445
2.1. El carácter absoluto 446
2.2. El carácter personalísimo 446
2.3. La voluntariedad 453
2.4. Formal 456
2.5. Vinculante 457
2.6. La doble garantía 458
3. Los falsos conflictos de interés 458
4. El control judicial por vía de recurso 460
Capítulo 10.
OPORTUNIDAD Y EJERCICIO DE LA PERSECUCIÓN EN CONTRA DE LA PERSONA JURÍDICA DESDE LA PERSPECTIVA ITALIANA* 461
Luca Marafioti
1. Facultad de actuación en procesos contra personas jurídicas: números y etiología 462
2. Archivo directo de la infracción administrativa y efectos o consecuencias sistemáticas de la ausencia de un control judicial 467
3. Prácticas divergentes en relación con el ejercicio de la persecución. 472
4. Posibles perspectivas de regulación. 477
Capítulo 11.
CONSIDERACIONES CRÍTICAS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS EN TORNO A LA ESTRATEGIA Y EFECTOS DEL PUBLIC COMPLIANCE 483
David Carpio Briz
1. Aproximación crítica 483
2. Origen y Sentido de los criminal compliance systems 486
3. ¿Es compliance un public compliance sin incentivos negativos para la administración? 491
4. a modo de conclusiones 503
Capítulo 12.
ILEGALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CORRUPCIÓN. ¿QUÉ PAPEL TIENE EL DERECHO PROCESAL PENAL? 505
Luca Lupària Donati
Capítulo 13.
LAS OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN RELACIÓN CON LA CONSERVACIÓN Y ENTREGA DE DATOS GENERADOS POR LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y SISTEMAS DE IA 515
Carmen Cuadrado Salinas
1. La obligación de conservación de datos por parte de las personas jurídicas. 517
1.1. Cuestiones sobre la obligación de conservación y entrega de datos en la legislación vigente. La ley 25/2007, de 18 de octubre. 520
1.1.1. Obligaciones para las personas jurídicas y sanciones en caso de incumplimiento. 525
1.2. La Ley de Enjuiciamiento Criminal tras la reforma producida por la LO 13/2015, de 5 de octubre. 527
1.3. La Directiva Europea 2023/1544, de 12 de julio, del Parlamento Europeo y la Comisión y su Reglamento (UE) 2023/1543. 530
2. Terminología y categorías de datos que deben ser conservados y entregados. 535
2.1. Datos personales 535
2.1.1. Datos biométricos obtenidos por algoritmos inteligentes (IA) 538
2.2. Datos de contenido y datos de tráfico. 541
2.2.1. Datos de contenido y de tráfico protegidos por el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y privacidad. 542
2.3. Datos estáticos, datos dinámicos y su protección constitucional 546
3. Obligaciones de los proveedores y responsables del “despliegue de sistemas de IA”. 550
4. Obligación de entrega o conservación de datos objeto de una investigación criminal 556
5. Bibliografía. 560
Capítulo 14.
LA DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FISCAL: ¿AVANCE O RETROCESO PARA EL CONTRIBUYENTE? 563
María Crespo Garrido
1. Evolución legislativa de la administración electrónica 564
2. Descripción del funcionamiento de la administración electrónica tributaria 582
2.1. Relación de la Administración con el contribuyente 582
A. Comprobaciones habituales de las Dependencias de Gestión (comprobación de valores, verificación de datos, comprobación limitada, etc.) 582
B. Inspecciones 588
C. Actuaciones ejecutivas 590
D. Obligaciones de llevanza de Registros en la Sede Electrónica 592
E. Facilitar al contribuyente información, 593
2.2. Relación del Contribuyente con la Administración 594
A. Relación electrónica obligatoria para amplios
colectivos. 594
B. La representación voluntaria; los colaboradores de la Administración Electrónica. 595
C. Presentación de declaraciones, en algunos casos electrónicas para todos los contribuyentes incluidos personas físicas no empresarios ni profesionales. 595
D. Peticiones a la Administración (devolución de ingresos indebidos, rectificación de autoliquidaciones, etc.). 596
E. Presentación de recursos y reclamaciones. 597
F. Solicitud de información mediante consultas informativas presenciales y vinculantes. 598
3. Funcionamiento electrónico del sector público 598
3.1. Esquema de la relación electrónica entre el contribuyente y la AEAT 599
3.2. Esquema de la relación electrónica entre el contribuyente y la Administración Autonómica 600
3.3. Esquema de la relación electrónica entre el contribuyente y la Administración Local 601
3.4. Reglamento de actuación y funcionamiento del Sector Público por medios electrónicos 602
4. Algunos problemas del contribuyente en su relación con la administración tributaria. estudio del caso: obligatoriedad de presentación telemática del IRPF: reclamación de aeDAF 603
4.1. El colaborador social en las Administraciones Tributarias Estatal y Autonómicas 604
4.2. El colaborador social en las Administraciones Locales 606
5. Conclusiones 607
6. Bibliografía 609
7. Anexo 609
Capítulo 15.
REPARACIÓN INTEGRAL: JUSTICIA RESTAURATIVA EN CASOS DE RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS 613
Carmen Durán Silva
1. Introducción 614
2. La responsabilidad penal de la persona jurídica 615
2.1. Concepto de persona jurídica 615
2.2.- Régimen legal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas 619
2.2.1.- Regulación de su responsabilidad penal 619
2.2.2. La posible exención de su responsabilidad penal: los programas de cumplimiento 623
3. Las víctimas del delito 626
3.1. La persona física víctima del delito 626
3.2. La persona jurídica víctima del delito 629
3.3. Las víctimas corporativas 631
3.4. Aportaciones desde la victimología contemporánea. 633
4. La justicia restaurativa corporativa y el proceso penal 634
4.1. Conceptos básicos: justicia restaurativa y mediación penal 634
4.1.1. Justicia restaurativa 634
4.1.2. Mediación penal 641
5. La integración entre la justicia restaurativa y el proceso penal 646
6. Nuevos horizontes en la justicia restaurativa corporativa 654
7. Conclusiones 656
8. Bibliografía 659
Capítulo 16.
LA FISONOMÍA DEL PROCESO PENAL ITALIANO EN LA ÈPOCA COVID: EL NUEVO MODELO DESPUÉS DE LA EMERGENCIA 661
Teresa Bene
1. El contexto 662
2. Intermediación del canal digital y participación a distancia: antecedentes históricos 664
3. La entrada de la “Audiencia Virtual” en el proceso penal 666
4. La positivización del proceso a distancia 669
5. La doble mutación del recurso: la titulización del procedimiento y la sala virtual del consejo 670
6. ¿Derechos constitucionales en crisis? 673
7. Pros y contras de la legislación de emergencia 678
8. Bibliografía 681