Sinopsis

Este libro ofrece un análisis crítico de la Ley Orgánica 1/2025, que convierte los medios adecuados de solución de controversias (MASC) en requisitos obligatorios de procedibilidad para acceder a la jurisdicción civil.

Frente a la concepción tradicional de los MASC como instrumentos voluntarios y flexibles, el autor denuncia que la nueva normativa impone una justicia privada de carácter obligatorio, ajena al modelo garantista consagrado por la Constitución Española.

Esta transformación, según se argumenta, implica un preocupante desplazamiento del Estado constitucional de Derecho hacia un sistema de privatización del servicio público de Justicia, sin base expresa en ningún precepto constitucional.

A través de un enfoque jurídico riguroso y comprometido con los principios constitucionales, la obra plantea si la obligatoriedad de acudir a los MASC —previa a la apertura del proceso judicial— vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

El autor sostiene que recurrir a la jurisdicción no puede considerarse un abuso, sino un derecho prestacional reconocido en el artículo 24 de la Constitución. Con una mirada crítica y fundamentada, se advierte que la imposición de esta justicia entre particulares podría derivar en una práctica ineficaz, forzada o incluso burlada, que tarde o temprano exigirá una revisión o supresión del modelo.