Sinopsis

El libro examina cómo la inteligencia artificial transforma los procesos administrativos, introduciendo oportunidades innovadoras mientras genera dilemas normativos, éticos y organizativos en la gestión pública. Plantea que el poder predictivo de los algoritmos requiere marcos regulatorios adaptativos, capaces de equilibrar eficiencia con la salvaguarda de derechos fundamentales y equidad social. Describe los riesgos de opacidad algorítmica, señalando que las decisiones automatizadas pueden reproducir sesgos, erosionar la confianza ciudadana y complicar la rendición de cuentas gubernamental. Asimismo, analiza la dependencia de grandes volúmenes de datos, enfatizando la necesidad de robustos sistemas de gobernanza que protejan privacidad, seguridad y calidad informativa adecuada. El autor debate sobre la adquisición de soluciones inteligentes, advirtiendo que contratos opacos y dependencia de proveedores privados amenazan la soberanía estatal y sostenibilidad presupuestaria. Finalmente, el capítulo introductorio subraya la importancia de una visión interdisciplinaria que articule derecho, informática, economía y sociología para diseñar políticas públicas resilientes equitativas transparentes.

La segunda parte profundiza en estrategias institucionales, proponiendo modelos de gobernanza algorítmica que convierten la transparencia y la auditoría independiente en pilares de confianza administrativa. Se destaca la capacitación continua de funcionarios, pues la alfabetización digital resulta indispensable para interpretar, supervisar y corregir resultados producidos por sistemas de inteligencia artificial. El texto analiza experiencias comparadas, ilustrando cómo gobiernos pioneros implementan sandboxes regulatorios que permiten experimentar tecnologías sin comprometer la protección ciudadana ni la integridad institucional. Advierte que la supervisión humana no debe ser simbólica, recomendando modelos híbridos donde algoritmos sugerentes convivan con decisiones finales atribuidas explícitamente a responsables públicos verificables. También señala la urgencia de marcos éticos internacionales, capaces de armonizar estándares criterios de justicia distributiva y mecanismos sancionadores frente a daños provocados por sistemas. Concluye enfatizando que la administración pública debe liderar una revolución humanista, forjando algoritmos confiables orientados al bien común mediante participación ciudadana, supervisión y evaluación constante.