Sinopsis

A pesar de los avances doctrinales y jurisprudenciales en relación con la comprensión del régimen de responsabilidad de las personas jurídicas, la substanciación del proceso penal contra estas entidades aún presenta incertidumbres y dificultades que afectan a su adecuada tramitación. Este libro es una herramienta esencial para comprender y afrontar los problemas que plantea la regulación sustantiva y procesal que afecta a las personas jurídicas. A través de un análisis riguroso y exhaustivo de la normativa vigente, la doctrina y la jurisprudencia, esta obra ofrece soluciones concretas a los problemas que se enfrentan los operadores jurídicos en los tribunales. Con un enfoque eminentemente práctico, la obra proporciona estrategias eficaces para la aplicación del Derecho penal en el ámbito empresarial. Basada en la experiencia del autor ante los tribunales, se convierte en un recurso esencial para abogados, jueces, fiscales y académicos, brindándoles las herramientas necesarias para ejercer su labor con la mayor seguridad jurídica. Además de presentar un análisis en profundidad del sistema de atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas regulado en el Código Penal español, ofrece herramientas fundamentales para abordar las múltiples cuestiones controvertidas que esta materia plantea en la praxis judicial.

Índice

ABREVIATURAS 13
PRÓLOGO 15
INTRODUCCIÓN 19
Capítulo I. MARCO REGULADOR DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL 25
1. Breve contextualización 25
2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal 26
2.1. Configuración de la responsabilidad penal de las personas jurídicas 29
2.2. Modificaciones más relevantes introducidas por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo 32
2.2.1. Requisito del beneficio directo o indirecto 35
2.2.2. Personas físicas capaces de responsabilizar penalmente a las personas jurídicas 39
2.2.3. Ausencia de control respecto de los sujetos subordinados a las personas comprendidas en la letra a) del art. 31 bis 1 del Código Penal 49
2.2.4. El nacimiento de los compliance program y los requisitos del programa de organización y gestión del apartado 5 del artículo 31 bis del Código Penal 52
2.2.5. Sociedades de pequeñas dimensiones 63
2.3. Críticas al sistema de atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas 70
3. Criterios interpretativos de la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo ante la responsabilidad penal a las personas jurídicas vigente en el Código Penal 75
3.1. Posición de la Fiscalía General del Estado 77
3.2. Posición del Tribunal Supremo 81
4. Recapitulación 85

Capítulo II. SISTEMAS TEÓRICOS DE ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS 91
1. Introducción 91
2. Modelo de heterorresponsabilidad o responsabilidad vicarial 93
2.1. El principio de legalidad como límite y piedra angular del modelo 93
2.2. Requisitos cuya concurrencia debe acreditarse para responsabilizar penalmente a las personas jurídicas. Art. 31 bis 1 CP 96
2.3. Corriente doctrinal favorable al modelo de la heterorresponsabilidad 103
2.4. Críticas al modelo de heterorresponsabilidad 108
3. Modelo de autorresponsabilidad o responsabilidad por el hecho propio 112
3.1. Capacidad de actuación de la persona jurídica 121
3.2. Los elementos del delito en la persona jurídica 129
3.2.1. La conducta típica cometida por la persona jurídica. Su participación en el delito 132
3.2.2. Culpabilidad de la persona jurídica 136
3.3. Principio de personalidad de las penas 153
3.3.1. Finalidad de las penas 155
3.3.2. Las personas jurídicas como sujetos capaces de ser penados 158
4. Toma de postura: propuesta de un modelo de atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas 164
4.1. La cooperación necesaria 164
4.2. La omisión 168
4.3. Teoría de la imputación objetiva de resultado 171
4.4. Propuesta de un modelo teórico de atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas 176
5. Recapitulación 185
Capítulo III. TRIBUNALES COMPETENTES PARA LA INSTRUCCIÓN Y EL ENJUICIAMIENTO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 195
1. La jurisdicción 196
1.1. Criterios para el conocimiento de delitos cometidos en el extranjero 198
1.1.1. Principio de personalidad 198
1.1.2. Principio real, de protección o de defensa y principio de justicia universal 209
2. Competencia 215
2.1. Competencia objetiva 215
2.1.1. Tribunal del Jurado 218
2.1.2. Audiencia Nacional 222
2.2. Competencia territorial 224
3. Procedimientos penales adecuados para el enjuiciamiento de personas jurídicas 228
3.1. Procedimiento penal en función de la materia 228
3.2. Procedimiento penal en función de la pena en abstracto del delito 231
3.3. Delitos conexos 235
4. Recapitulación 236
Capítulo IV. LA IMPUTACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL 241
1. Momento procesal oportuno para realizar la imputación a la persona jurídica 244
2. Principio de oportunidad y responsabilidad penal de personas jurídicas 255
2.1. El principio de oportunidad como oposición al principio de legalidad en nuestro ordenamiento jurídico 256
2.2. Elementos a favor de la introducción del principio de oportunidad 261
2.2.1. La evitación de daños a la imagen y la reputación de la persona jurídica 261
2.2.2. La incentivación para la elaboración de programas de cumplimiento 263
2.2.3. La colaboración con la Justicia 266
2.2.4. La agilización de la Justicia y el ahorro de costes para el Estado 274
2.3. Efectos de la introducción del principio de oportunidad en la defensa del interés público como elementos negativos para su aplicación 277
2.4. Discriminación en favor de las multinacionales y empresas de gran tamaño 282
3. Acto de imputación de la persona jurídica 284
3.1. Medidas coercitivas para asegurar la presencia de la persona jurídica en el procedimiento penal 289
3.2. Tramitación del procedimiento penal con la persona jurídica investigada en rebeldía 291
3.3. Lugar de citación de la persona jurídica y persona responsable de recibir la misma 294
4. La persona jurídica como imputada y como parte acusadora en un mismo procedimiento penal 305
5. Recapitulación 313
Capítulo V. EL REPRESENTANTE ESPECIALMENTE DESIGNADO DE LA PERSONA JURÍDICA 321
1. La figura del representante especial como derecho a la autodefensa de la persona jurídica 323
1.1. Utilidad de la declaración del representante especialmente designado para la defensa de los intereses de la persona jurídica 328
1.2. Efectos jurídicos de la no designación del representante especialmente designado 331
2. Personas físicas capaces de representar a la persona jurídica en el procedimiento penal 338
3. La persona física como representante especialmente designado y como testigo. Posible conflicto de intereses 346
4. Sustitución del representante especialmente designado 355
5. Personas físicas con capacidad de decisión respecto de quién va a ser el representante de la persona jurídica en el procedimiento penal 363
6. Recapitulación 372
Capítulo VI. DERECHOS DE LOS QUE LA PERSONA JURÍDICA ES TITULAR: ESPECIAL ATENCIÓN A LOS DERECHOS A LA NO AUTO INCRIMINACIÓN, LA INVIOLABILIDAD DOMICILIARIA Y AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES 381
1. Consideraciones previas 381
2. CONFLICTO SOBRE LA TITULARIDAD DE DERECHOS POR PARTE DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 382
2.1. Origen del reconocimiento de las personas jurídicas como titulares autónomas de derechos en general 382
2.2. Conflicto doctrinal sobre la titularidad por parte de las personas jurídicas de determinados derechos 384
2.3. Postura del Tribunal Supremo y método de traslación de derechos a las personas jurídicas 386
2.4. La titularidad de derechos por parte de las personas jurídicas en función de las penas imponibles a las mismas 390
2.5. Consecuencias derivadas de la no equiparación de derechos entre las personas físicas y las jurídicas 393
3. Derecho a la no auto incriminación 398
3.1. Personas físicas pertenecientes a la persona jurídica titulares del derecho a la no auto incriminación 400
3.1.1. Teorías extremistas sobre la extensión del derecho a la no auto incriminación 402
3.1.2. Teoría intermedia sobre la extensión del derecho a la no auto incriminación 405
3.1.3. El abogado interno de la persona jurídica y el compliance officer, y su capacidad para reivindicar el derecho a la no auto incriminación de la entidad colectiva 410
3.1.3.1. Abogado interno de la persona jurídica 411
3.1.3.2. Compliance Officer 416
3.2. La negativa a aportar documentos como vertiente del derecho a la no auto incriminación 422
3.2.1. Origen de la cuestión y planteamientos jurisprudenciales y doctrinales 426
3.2.1.1. Tesis de la preexistencia, la predeterminación normativa y la certeza 428
3.2.1.2. Tesis de la accesibilidad 430
3.2.1.3. Conclusiones sobre las teorías doctrinales analizadas 432
3.2.2. La tardía imputación de la persona jurídica como posible vulneración de su derecho a la no auto incriminación y la obligación o posibilidad de presentar el programa de cumplimiento al procedimiento penal 435
3.2.3. Personas físicas indicadas para atender el requerimiento documental efectuado por la autoridad judicial 441
3.3. Breve reflexión sobre las consecuencias de la utilización del presente derecho 445
4. Derecho a la inviolabilidad domiciliaria y al secreto de las comunicaciones 448
4.1. Inviolabilidad domiciliaria 449
4.2. Secreto de las comunicaciones 459
5. Recapitulación 462
Capítulo VII. LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL SEGUIDO FRENTE A PERSONAS JURÍDICAS, MEDIDAS CAUTELARES ADOPTABLES FRENTE A ELLAS Y LA INSTITUCIÓN DE LA CONFORMIDAD 467
1. Consideraciones iniciales 467
2. La carga probatoria en los procedimientos penales seguidos contra personas jurídicas 468
2.1. Breve contextualización del conflicto 471
2.2. Posición del Tribunal Supremo, de la Fiscalía General del Estado y de la corriente doctrinal mayoritaria 472
2.3. Toma de postura 478
2.4. Estrategia defensiva de la persona jurídica 484
3. Las medidas cautelares: especial análisis a la medida de intervención judicial 487
3.1. Contextualización: procedimiento y momento procesal oportuno para la adopción de medidas cautelares frente a personas jurídicas 487
3.2. Clausura de locales o establecimientos y suspensión de actividades 495
3.3. La intervención judicial de la persona jurídica investigada 499
4. Conformidad de las personas jurídicas con los hechos objeto de investigación 509
4.1. Breve contextualización 509
4.2. El representante especialmente designado 513
4.3. La falta de unanimidad en la prestación de la conformidad 517
5. Recapitulación 522
BIBLIOGRAFÍA 529
JURISPRUDENCIA 543
NORMATIVA 547
INFORMES Y CIRCULARES 551