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Expropiación forzosa: Conceptos, procedimientos y criterios de valoración del justiprecio. 2.ª Edición | 9788413880792 | Portada

EXPROPIACIóN FORZOSA: CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE VALORACIóN DEL JUSTIPRECIO. 2.ª EDICIóN

Jorge Ortíz Ramírez

Precio: 52.00€

Oferta: 49.40€ (-5%)

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Datos técnicos

  • Edición
  • ISBN 9788413880792
  • Año Edición 2021
  • Páginas 677
  • Encuadernación Tapa Blanda
  • Idioma Español
 

Sinopsis

Presentamos un compendio jurisprudencial con los diversos aspectos que entraña la institución de la expropiación forzosa, con un preciso y exhaustivo sumario que facilite su consulta por parte de los profesionales y funcionarios públicos relacionados con la tramitación de este tipo de expedientes administrativos. Se incluyen, además, ejemplos prácticos de tasación, esquemas y material práctico que permitan el entendimiento de la normativa.

Se ha redactado con una vocación didáctica y con el propósito de recoger la doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo más significativa para el conocimiento y comprensión de esta inveterada institución jurídica administrativa, herramienta esencial para la ejecución de las infraestructuras públicas y para el cumplimiento de fines urbanísticos.

Índice

Prólogo

Significado de la expropiación forzosa y normativa aplicable
I. Fuentes normativas en materia de expropiación forzosa
II. Antecedentes legislativos de la expropiación forzosa
III. Distinción entre las instituciones jurídicas de la expropiación forzosa y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
IV. Concepto y características de la expropiación forzosa (arts. 1 LEF y 1 y 2 REF)
1. Transferencia coactiva de la titularidad del dominio, de un derecho real o de un interés patrimonial legítimo, en virtud del ejercicio de una potestad administrativa
2. Sacrificio singularizado de un derecho o interés patrimonial legítimo
3. Amplitud de su objeto
4. Puede afectar a particulares y a otras Administraciones Públicas
5. Debe justificarse en la existencia previa de una causa de utilidad pública e interés social
6. Conlleva el pago de una indemnización que compensa la pérdida patrimonial y demás daños y perjuicios
7. La expropiación forzosa debe cumplimentar el procedimiento legalmente establecido
8. El pago del justiprecio legitima a la Administración para poder ocupar el bien o ejercitar el derecho
9. El bien expropiado debe destinarse al fin por el que fue expropiado
10. La expropiación está revestida de una serie de garantías jurisdiccionales, económicas y sustanciales para el expropiado
V. Concepto, fines y naturaleza jurídica del justiprecio
VI. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de expropiación forzosa
1. Sentencia 37/1987, de 26 de marzo: Análisis del derecho de propiedad privada y la expropiación forzosa
2. STC 166/1986, de 3 de enero de 1987: Análisis de las garantías de la institución de la expropiación forzosa
3. STC de 11 de septiembre de 2014: Análisis de la excepción a la reversión del suelo cuando se modifica el uso del suelo en virtud de revisión o modificación del planeamiento, si se expropió para la ejecución de una actuación de urbanización
VII. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de valoración (STC de 20 de marzo de 1997)

Principios generales (Título I de la LEF)
I. Administraciones que pueden expropiar y la figura de la beneficiaria de la expropiación (arts. 2 LEF y 3 a 5 y 23.2 REF)
II. Administración expropiante
1. Competencia de las comunidades autónomas
2. Competencia de las entidades locales
3. Incompetencia de los organismos autónomos y de la Administración institucional
4. El ejercicio de la potestad expropiatoria tiene su límite en la titularidad de la competencia que la legitima
III. La figura de la beneficiaria de la expropiación
1. Concepto y facultades de la beneficiaria en el expediente expropiatorio
2. ¿A quién corresponde el pago del justiprecio cuando la entidad beneficiaria se declara en concurso de acreedores?
3. En una expropiación por ministerio de la ley de una parcela con destino dotacional universitario, ¿tiene la Universidad la condición de beneficiaria de la expropiación ejecutada por el Ayuntamiento aunque no la hubiere instado?
4. La ausencia de beneficiaria en el expediente expropiatorio determina la nulidad del mismo, al generar indefensión
IV. ¿Con quién se ha de entender el procedimiento expropiatorio? Importancia de los registros públicos (arts. 3 LEF, 3.1, 6, 19.3, 20.4, 49.4 y 62.4 REF, y 313 LH)
V. Titulares de derechos reales e intereses económicos. Los arrendatarios tienen derecho a expediente propio (art. 4 LEF). ¿La indemnización al arrendatario descuenta el justiprecio del expropiado?
VI. ¿La comunidad de propietarios de una urbanización en régimen de propiedad horizontal tumbada puede considerarse como titular de derechos e intereses económicos afectados por la expropiación y está legitimada para intervenir en el expediente?
VII. La intervención del Ministerio Fiscal (art. 5 LEF)
VIII. Sobre la posibilidad de que el representante legal del expropiado pueda enajenar sin autorización judicial, siempre que se consigne el justo precio a disposición judicial (art. 6 LEF)
IX. Sobre la posibilidad de transmitir el bien o derecho expropiado (arts. 7 LEF y 7 REF)
X. Sobre la adquisición de la administración del bien libre de cargas y sobre la posibilidad de conservación por el particular de derechos reales sobre el bien expropiado (art. 8 LEF)

Esquema general del expediente expropiatorio ordinario o no urbanístico
I. Procedimiento de urgencia (art. 52 LEF)
II. Procedimiento no de urgencia (arts. 9 a 58 LEF)
III. Duración máxima del procedimiento administrativo expropiatorio de urgencia

Requisito previo de la actuación expropiatoria: Declaración de utilidad pública o interés social del fin público que legitima la actuación expropiatoria (arts. 9 a 14 LEF y 10 a 14 REF)
I. La declaración de utilidad pública o interés social del fin público que legitima la actuación expropiatoria
II. La declaración de utilidad pública o interés social no es un mero requisito formal para la iniciación de la actuación expropiatoria, sino que es su causa legitimadora
III. La declaración de utilidad pública constituye el primer requisito de la actuación expropiatoria
IV. La declaración de utilidad pública o interés social y el acuerdo sobre la concreta necesidad de ocupación de unos determinados bienes y derechos se configuran como requisitos esenciales del procedimiento expropiatorio
V. Existencia de una conexión directa entre el fin (causa expropiandi) y la relación de bienes y derechos afectados (acuerdo de necesidad de ocupación)
VI. Flexibilización del concepto de causa expropiandi, pudiendo el fin ser destinado no solo a un posible destino, sino a varios
VII. La causa expropiandi ha de subsistir durante la tramitación del expediente expropiatorio (SSTS de 9 de mayo y 9 de octubre de 1985 y de 23 de septiembre de 1986)
VIII. Declaración por Ley de la causa expropiandi
IX. Las comunidades autónomas también pueden, en el ejercicio de su poder legislativo y dentro de sus competencias, definir la causa expropiandi
X. Amplia discrecionalidad del legislador, estatal o autonómico, para definir la causa expropiandi
XI. Sobre la posibilidad de que se declare la utilidad pública o interés social en una norma legal, no necesariamente Ley formal
XII. Sobre la posibilidad de que se declare la utilidad pública de unas obras mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado
XIII. Aunque exista una Ley que contenga una declaración genérica de utilidad pública o interés social para una determinada categoría de bienes, luego debe existir un concreto reconocimiento con relación a unas obras determinadas
XIV. La declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación está implícita en los Planes de Obras y Servicios del Estado, comunidades autónomas, provincias y municipios
XV. La causa expropiandi de interés social
XVI. La declaración de utilidad pública contenida en la Ley no requiere ser notificada
XVII. Sobre la posibilidad de un control jurisdiccional de la declaración de utilidad pública
XVIII. La anulación del Plan que contenía la declaración de utilidad pública de las obras supone la nulidad de toda la actuación administrativa expropiatoria posterior
XIX. Consecuencias de la nulidad del expediente expropiatorio por falta de utilidad pública
XX. La nulidad de la causa expropiandi implica la nulidad del justiprecio
XXI. La falta de causa expropiandi determina que la Administración incurra en vía de hecho y que lo actuado sea nulo de pleno derecho
XXII. Imposible convalidación o subsanación de los actos administrativos expropiatorios una vez declarados nulos por sentencia firme

Inicio de la actuación expropiatoria: Acuerdo sobre la necesidad concreta de ocupación de bienes o de adquisición de derechos (arts. 15 a 23 LEF y 15 a 24 REF)
I. El acuerdo de necesidad de ocupación de bienes o para la adquisición de derechos
II. Persigue la conciliación de dos principios: La eficacia y la oportunidad de la medida con el sistema de garantías del administrado .
III. Diferenciación entre la declaración de utilidad pública e interés social y el acuerdo de necesidad de ocupación. Existencia de una relación directa entre ambas
IV. Trascendencia del acuerdo de necesidad de ocupación
V. El acuerdo de necesidad de ocupación solo es exigible con relación a los bienes y derechos de propiedad privada
VI. Alcance del acuerdo de necesidad de ocupación: Bienes estrictamente indispensables para el fin o destino público
VII. En caso de ampliaciones de obra
VIII. Implica el inicio del expediente expropiatorio
IX. En la declaración de la necesidad de ocupación se suceden tres fases: Redacción de la relación de bienes y derechos, información pública y resolución
X. Omisión de alguno de los bienes o derechos en la relación
XI. La relación de bienes y derechos facilita a los futuros expropiados su derecho de defensa
XII. Sobre el trámite de información pública
XIII. Consecuencias de la omisión del trámite de información pública y cuándo precluye para denunciar este vicio del procedimiento
XIV. La nulidad del expediente expropiatorio como consecuencia de la falta de información pública implica que la Administración haya incurrido en vía de hecho y procede la devolución de las fincas y, en caso de no ser posible, al derecho de indemnización al amparo del art. 105 de la Ley de la Jurisdicción
XV. La apertura del trámite de información pública sobre la relación de bienes y derechos sigue siendo preceptiva, aunque la aprobación del proyecto de la infraestructura lleve implícito el acuerdo de necesidad de ocupación. Su fundamento radica en evitar la indefensión del expropiado
XVI. Un modificado del proyecto que implica incremento de superficie expropiada requiere nuevo trámite de información pública que no se limite a la posible subsanación de errores
XVII. El acuerdo de necesidad de ocupación se debe notificar a los titulares afectados
XVIII. El acuerdo de necesidad de ocupación puede estar implícito en el Plan de Obras o Servicios de una Administración Pública si contiene la relación de bienes y derechos
XIX. No se requiere el informe de la Abogacía del Estado previsto en el art. 19.2 REF cuando la relación de bienes y derechos figura en el Plan de Obras
XX. Los Planes de Urbanismo no contienen de forma implícita la necesidad de ocupación si no consta en los mismos la relación de los propietarios y la descripción de los bienes y derechos
XXI. Consecuencias jurídicas en el caso de que se prescinda del acuerdo de necesidad de ocupación
XXII. Ausencia de la relación de bienes y derechos
XXIII. Control jurisdiccional
XXIV. El acuerdo de necesidad de ocupación es impugnable en vía administrativa (recurso de alzada) y en vía jurisdiccional (recurso contencioso-administrativo)
XXV. La extensión del bien que se va a expropiar es un dato fiscalizable
XXVI. El desistimiento de la expropiación
XXVII. La dilación de la Administración en la tramitación del expediente expropiatorio. ¿Es posible la caducidad del expediente expropiatorio?
XXIV. Sobre la solicitud de expropiación total por el carácter antieconómico del resto

Procedimiento de urgencia (arts. 52 LEF y 56 a 59 REF)
I. Exposición de los trámites
II. Consideración general .
III. Antecedente histórico y su uso generalizado
por las Administraciones Públicas
IV. Sobre la naturaleza de este procedimiento. No constituye un procedimiento especial diferente del ordinario
V. Supone la alteración de la regla del previo pago, si bien ello no vulnera la Constitución
VI. La declaración de urgencia puede hacerse en cualquier momento de la tramitación del expediente expropiatorio
VII. La Administración no tiene una facultad discrecional para acordar este procedimiento y exige la concurrencia de circunstancias excepcionales
VIII. Necesidad de motivación de la urgencia del procedimiento expropiatorio
IX. La urgencia es un concepto jurídico indeterminado y no admite interpretaciones analógicas o extensivas
X. Titularidad de la competencia para declarar la urgencia de la ocupación de los bienes y derechos
XI. La declaración de urgencia en la ocupación no se notifica, salvo que lleve implícita la necesidad de ocupación de unos concretos bienes o derechos
XII. La relación de bienes y derechos, así como el trámite de información pública, constituyen requisitos esenciales para la validez del acuerdo de urgente ocupación
XIII. La apertura del trámite de información pública en el procedimiento expropiatorio de urgencia con posterioridad a la aprobación del proyecto de la infraestructura no significa que esta no lleve implícita la declaración de necesidad de ocupación y que requiera de un nuevo acuerdo de necesidad de ocupación y su notificación a los expropiados, como sostiene la Sala de instancia
XIV. Consecuencias de la omisión del decreto declarativo de la urgencia de la expropiación
XV. ¿Puede caducar la declaración de urgencia?
XVI. Sobre la finalidad del acta previa a la ocupación de los bienes y derechos
XVII. Sobre la trascendencia del acta previa a la ocupación en el procedimiento
XVIII. Falta de notificación de la fecha para el levantamiento del acta previa a la ocupación
XIX. Cuando el acta previa a la ocupación recoge una superficie errónea
XX. Sobre la personación del perito en la finca
XXI. El Registro de la Propiedad no constituye un elemento probatorio sobre la superficie de la finca
XXII. La Administración no puede rectificar el acta previa a la ocupación si no se trata de errores materiales o aritméticos
XXIII. Falta de presencia en el procedimiento del interesado o expropiado, así como del alcalde o concejal en quien delegue
XXIV. Sobre los intereses que se devengan sobre el depósito previo
XXV. Sobre el depósito previo
XXVI. Imposibilidad de impugnación de las hojas de depósito previo a la ocupación por ser actos de trámite
XXVII. Sobre la indemnización por rápida ocupación
XXVIII. Sobre la ocupación
XXIX. Sobre la fecha de referencia del justo precio
XXX. Sobre las características del procedimiento una vez ocupados urgentemente los bienes y derechos expropiados
XXXI. Sobre la posibilidad de impugnación judicial de la declaración de urgencia en la ocupación de los bienes o derechos expropiados. Necesidad de motivación de la urgencia
XXXII. ¿Es posible la suspensión judicial de la declaración de urgencia?
XXXIII. Sobre el interés de demora
XXXIV. Sobre el apercibimiento previo de lanzamiento en casos de desahucio del terreno expropiado

Fase de justiprecio: Determinación por mutuo acuerdo o de forma contradictoria en pieza separada del justiprecio
I. Fijación del justo precio por mutuo acuerdo o convenio expropiatorio (arts. 24 LEF y 25-27 REF)
1. Finalidad del mutuo acuerdo
2. Pone término al procedimiento administrativo
3. Plazo para alcanzar el mutuo acuerdo
4. El mutuo acuerdo es una partida que comprende todos los posibles conceptos indemnizatorios
5. Comprende también el premio de afección del art. 47 LEF
6. Comprende los intereses devengados hasta la fecha del acuerdo, pero no los que se puedan devengar con posterioridad por demora en el pago del mismo por parte de la Administración
7. El acuerdo sobre una partida no implica la existencia de mutuo acuerdo
8. Una vez firmado el mutuo acuerdo, no puede el expropiado exigir posteriormente nuevas partidas o conceptos indemnizatorios
9. Se trata de un negocio jurídico de Derecho administrativo y no excluye la existencia de una verdadera expropiación
10. Sobre el procedimiento previsto en el art. 25 REF y el momento de perfeccionamiento del mutuo acuerdo alcanzado con el expropiado por funcionario técnico de la Administración
11. El convenio vincula a las partes firmantes. Para que pueda desvincularse la Administración debe declararlo previamente lesivo para el interés público
12. Son actos jurídicos bilaterales
13. Requisitos para la celebración del mutuo acuerdo: Competencia del órgano de la Administración y existencia de un consentimiento claro e indubitado del expropiado
14. La posibilidad de ser firmada el acta de mutuo acuerdo mediante un representante del expropiado
15. El arrendatario también puede alcanzar un mutuo acuerdo con la Administración
16. El silencio de la Administración
17. La propuesta económica realizada por la Administración para alcanzar un mutuo acuerdo con el expropiado no constituye un acto propio vinculante en la posterior redacción de su hoja de aprecio. No pueden incidir en la valoración del justiprecio por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa
18. Los mutuos acuerdos alcanzados tienen una eficacia limitada a las partes y no es posible su extensión a otros terrenos .
19. La validez del convenio depende de la validez de la propia expropiación
20. Consideración de los convenios urbanísticos en los que se cede suelo a la Administración como convenios expropiatorios
21. Cumplimiento e incumplimiento del convenio
22. Motivos de nulidad
23. Mantiene su vigencia en tanto no se anule el acuerdo por cualquiera de los medios legales. Competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa
24. Intereses por la demora de la Administración en el pago del importe convenido
25. Procedencia de la retasación cuando la Administración no paga el importe convenido transcurridos dos años desde la firma del convenio
26. Procedencia de la reversión aun cuando se hubiere alcanzado un justiprecio por mutuo acuerdo
II. Firmeza del acuerdo de necesidad de ocupación como presupuesto para abrir la fase administrativa de determinación del justo precio (arts. 25 LEF y 28 REF)
1. Apertura de la fase de justiprecio. Se trata de un deber de la Administración y no requiere de la solicitud del expropiado
2. Es posible que el inicio de la pieza separada de justiprecio se solicite por el expropiado a la Administración
3. La firmeza del acuerdo de necesidad de ocupación para que abra la pieza de justiprecio es de naturaleza administrativa
4. El acuerdo de necesidad de ocupación es impugnable judicialmente, pero sin efectos suspensivos
5. Consecuencias de la falta de acuerdo de necesidad de ocupación
6. Inactividad de la Administración, que no procede a abrir la pieza separada de justiprecio
7. No cabe la prescripción extintiva del derecho del expropiado al justiprecio
8. No es posible la prescripción adquisitiva del dominio en favor de la Administración cuando esta hubiere ocupado el bien pero no hubiere tramitado la pieza separada de justiprecio
III. Fijación del justo precio de forma contradictoria en pieza separada de justo precio (arts. 26 a 35 LEF y 28 a 38 REF)
1. Contenido del articulado
2. Sobre el expediente de justiprecio
A) El justiprecio se fija en una pieza separada, generando un expediente individual para cada propietario o arrendatario
B) Se inicia la pieza separada de justiprecio con un extracto de las actuaciones realizadas para intentar alcanzar un mutuo acuerdo sobre el justiprecio. Su falta no invalida la pieza separada de justiprecio
C) Existencia de unidad económica que justifique una sola pieza de justiprecio
3. Exacta descripción del bien expropiado
A) Descripción del bien expropiado
B) Fincas constitutivas de una unidad económica de explotación
C) Discrepancias sobre la superficie
4. Cruce de las hojas de aprecio entre el propietario y la Administración o beneficiaria
A) Las hojas de aprecio tienen las características materiales de una petición
B) Las hojas de aprecio son declaraciones de voluntad
C) Las hojas de aprecio son parciales y carentes de objetividad, salvo que se adveren con pruebas practicadas
D) Las hojas de aprecio vinculan a quienes las formulan, así como al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa en vía administrativa y posteriormente a los Tribunales de Justicia en vía jurisdiccional
E) Alcance de la vinculación de la hoja de aprecio
F) No vinculan las ofertas realizadas a los efectos de alcanzar un mutuo acuerdo
G) ¿Qué ocurre si el expropiado no presenta hoja de aprecio?
H) ¿Qué ocurre si la Administración reconoce un concepto indemnizatorio y este no se solicita por el expropiado?
I) No puede formularse una segunda hoja de aprecio que incremente el justiprecio solicitado en la primera
J) Principio de congruencia ante los Tribunales de Justicia
K) Valor de los informes periciales que acompañan a las hojas de aprecio
L) Sobre la fecha a la que debe estar referida la tasación del informe pericial que acompaña a la hoja de aprecio
M) Sobre la conveniencia de una completa argumentación del informe pericial evacuado en autos, circunstancia que es igualmente predicable sobre el informe pericial que acompaña a la hoja de aprecio del expropiado
N) ¿Qué ocurre si el expropiado no formula hoja de aprecio?
Ñ) ¿Qué ocurre si el expropiado no tasa en su hoja de aprecio elementos patrimoniales expropiados y que constan en el acta previa a la ocupación?
O) ¿Qué ocurre si el expropiado no tasa en su hoja de aprecio determinados conceptos y posteriormente los incluye en su reclamación judicial?
P) ¿Se puede alegar por el expropiado un error al formular su hoja de aprecio?
Q) Sobre la vinculación de la hoja de aprecio de la Administración o entidad beneficiaria
R) Sobre el valor de los informes técnicos que acompañan a las hojas de aprecio de la Administración
S) ¿Qué ocurre si la Administración remite el expediente de justiprecio al Jurado sin haber agotado el plazo reconocido al expropiado para que formule su hoja de aprecio?
T) ¿Qué ocurre si la Administración no formula su hoja de aprecio?
U) ¿Qué ocurre si la hoja de aprecio de la Administración está incompleta?
V) Sobre la posible subsanación de omisiones en la hoja de aprecio del expropiado, cuando están reconocidos los elementos omitidos en la hoja de aprecio de la Administración
W) ¿Qué ocurre si la Administración se demora en la formulación de su hoja de aprecio?
X) Sobre el grado de motivación de la hoja de aprecio de la Administración
Y) Sobre el art. 30.2 LEF, que reconoce al expropiado la posibilidad de formular alegaciones y aportar pruebas en el caso de que rechazare la hoja de aprecio de la Administración
Z) Sobre el rechazo de la hoja de aprecio de la Administración por el expropiado y remisión del expediente al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa u órgano equivalente autonómico
AA) Sobre la remisión del expediente expropiatorio al Jurado sin necesidad de notificación al expropiado
5. Los Jurados Provinciales de Expropiación Forzosa
A) Naturaleza jurídica de los Jurados Provinciales de Expropiación Forzosa: Se trata de órganos administrativos dependientes de cada Subdelegación del Gobierno
B) Sobre los Jurados de Expropiación Forzosa autonómicos
C) Los Jurados se caracterizan por tratarse de órganos permanentes, colegiados y especializados por razón del objeto a tasar. Ejercicio de una función arbitral
D) La correcta composición del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa antes de resolver sobre el justiprecio
E) Sobre la presencia de un Magistrado y de un Notario como presidente y miembro del Jurado, respectivamente
F) Sobre el criterio de especialidad por razón del objeto tasado para la designación del vocal técnico. Importancia de que disponga del título adecuado en razón del objeto que debe tasar
G) Vocal ingeniero agrónomo
H) Vocal arquitecto
I) Vocal ingeniero industrial
J) Vocal profesor mercantil
K) Vocal ingeniero de minas
L) ¿Pueden ser revocados los miembros del Jurado?
M) Consecuencias legales por defectos en la composición del Jurado
N) Sobre la función del Jurado
Ñ) Sobre el concepto de justiprecio
O) El Jurado no puede pronunciarse sobre la procedencia de una expropiación total solicitada por el expropiado
P) Se trata de una intervención subsidiaria, en los supuestos en los que no se hubiere alcanzado un mutuo acuerdo sobre el justiprecio entre la Administración y el expropiado
Q) El Jurado puede pedir informes de tasación a terceras personas
R) El Jurado para resolver sobre el justo precio puede atender a otros medios de prueba distintos a las hojas de aprecio
S) El Jurado, después de formuladas las hojas de aprecio, puede pedir información al Ayuntamiento
T) El Jurado puede realizar una inspección personal de la finca
U) El Jurado puede pronunciarse sobre cuestiones de hecho o jurídicas que sean imprescindibles para fijar el justiprecio
V) El Jurado puede devolver el expediente a la Administración cuando comprueba que no se ha requerido de hoja de aprecio al expropiado
W) Las decisiones del Jurado se atribuyen al órgano colegiado, y no a uno de sus vocales cuando emite informe técnico
X) El Jurado no se pronuncia sobre los intereses de demora
Y) El contenido de la actuación del Jurado y la vinculación de sus resoluciones a los límites cuantitativos de las pretensiones económicas contenidas en las hojas de aprecio de la Administración o beneficiaria y expropiado
Z) La reformatio in peius
AA) La actividad del Jurado no es discrecional
BB) Las resoluciones del Jurado gozan de presunción de acierto y veracidad
CC) Destrucción de la presunción de veracidad y acierto de las resoluciones del Jurado. Importancia de la prueba pericial
DD) Deber de motivación de las resoluciones del Jurado. Consecuencias de la falta de motivación
EE) Deber de congruencia de las resoluciones del Jurado
FF) Retraso o inactividad del Jurado en dictar resolución de justiprecio
GG) Las resoluciones del Jurado son impugnables judicialmente
HH) ¿Se puede recurrir la inactividad del Jurado?
II) Recursos contra la resolución del Jurado
JJ) Exigencia de declaración previa de lesividad del acuerdo del Jurado para que la Administración pueda impugnar la resolución del Jurado
KK) Efectos ejecutivos del Acuerdo del Jurado
LL) Sobre el plazo en que debe resolver el Jurado
6. Los órganos de valoración del justiprecio autonómicos para las expropiaciones locales y autonómicas
7. Carácter ejecutivo de los acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa como actos administrativos que son
8. Los Tribunales de Justicia tienen la última palabra en la fijación del justo precio
A) Los Tribunales de Justicia no acuerdan la suspensión de las resoluciones del Jurado, siendo ejecutivas
B) Los Tribunales de Justicia pueden corregir la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. Importancia de la prueba pericial practicada en autos
C) Sobre la valoración de la prueba en casación
D) Los Tribunales, para resolver, pueden atender a otras resoluciones previas, sin que vulneren el deber de motivación, siempre que no incurran en un defecto de razonamiento o de explicación con relación a las pretensiones concretas del recurrente
E) La problemática de las impugnaciones cruzadas

Pago del justiprecio y toma de posesión del bien o derecho expropiado
I. El pago del justiprecio (arts. 48 LEF y 48 a 50 REF)
1. Contenido de la normativa
2. No constituye una exigencia constitucional que el pago del justiprecio sea previo a la ocupación del bien o derecho expropiado
3. Significado del cobro del depósito previo e indemnización por rápida ocupación en las expropiaciones urgentes
4. Fecha de inicio del cómputo de los seis meses
5. El retraso en el pago del justiprecio no implica la nulidad sobrevenida de la resolución del Jurado en la que se fija el justiprecio
6. El pago se configura juntamente con la ocupación del bien o derecho expropiado, uno de los requisitos para que la Administración expropiante adquiera la titularidad dominical del bien expropiado
7. La prueba de la realización del pago o consignación compete a la Administración expropiante o entidad beneficiaria
8. La simple presentación de un documento privado de adquisición no tiene eficacia para exigir el cobro del justiprecio, por cuanto que no permite ser considerado como expropiado según los arts. 3.2 LEF y 7 REF
9. La Administración no puede exigir, a quienes hubieran figurado como interesados en el procedimiento administrativo, la aportación de título justificativo del dominio de la cosa o derecho expropiado
10. Imposibilidad de pago de la Administración expropiante cuando existe orden de retención judicial de la deuda
II. Exención tributaria del pago del justiprecio (art. 49 LEF)
1. Contenido de la normativa
2. Finalidad del art. 49 LEF
3. La exención únicamente alcanza al acto de pago del justiprecio al expropiado, pero no a los actos, hechos o negocios jurídicos posteriores a dicha transmisión forzosa
4. Momento del nacimiento o devengo de la exención
5. El pago del justiprecio en especie también se beneficia de la exención legal .
6. La exención es aplicable al pago del justiprecio alcanzado de mutuo acuerdo entre la Administración expropiante o beneficiaria y el expropiado
7. Existe jurisprudencia que considera que la exención no es aplicable con relación al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos urbanos
III. La consignación del justiprecio (arts. 50 LEF y 51 REF)
1. Contenido de la normativa
2. Finalidad de la consignación
3. La falta de respuesta por la Administración a la solicitud de pago de cantidad concurrente, antes de la fijación del justiprecio, ¿es subsumible o no en el art. 29 LJCA a fin de posibilitar su impugnación en sede jurisdiccional por esta vía?
4. En caso de recurrir la resolución del Jurado es posible el pago hasta la cantidad concurrente y la consignación del resto
5. La consignación es igualmente aplicable a las expropiaciones urbanísticas
6. Evita la retasación de la finca
7. Para que tenga un efecto liberatorio de la consignación, se requiere de un previo ofrecimiento de pago al expropiado
8. Constituye un requisito previo para que la Administración esté legitimada para ocupar el bien o derecho expropiado
9. La previa convocatoria y ofrecimiento de pago del justiprecio para su válida consignación
10. Deber de notificar la realización de la consignación al expropiado
11. Para que tenga un efecto liberatorio, la consignación debe estar a disposición del expropiado
12. Para que se constituya válidamente la consignación con efectos liberatorios se requiere una actitud pasiva del expropiado
13. La consignación es aplicable al depósito previo e indemnización por rápida ocupación en las expropiaciones urgentes
14. La consignación debe abarcar la totalidad de la obligación
15. Sin embargo, la consignación no comprende los intereses de demora
16. Indebida consignación a favor de la autoridad judicial, por lo que no tuvo efectos liberatorios y devenga intereses
17. Es posible la retasación, aunque el expropiado hubiere cobrado la cantidad concurrente y hubiere recurrido la resolución del Jurado
18. Procedencia de la consignación, por resultar la propiedad litigiosa y pretender varios el derecho a cobrar el justiprecio
19. Sobre la posibilidad de realizar dos consignaciones cuando el litigio solo afecta a una parte de la finca expropiada
20. La Administración no puede consignar el justiprecio, por entender que el terreno expropiado pudiera ser suyo, sin que hubiere interpuesto para ello una acción judicial
21. La impugnación de la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa por ambas partes no permite considerar que estemos ante una situación litigiosa que justifique la consignación del justo precio
22. Sobre el derecho del expropiado a la cantidad concurrente del art. 50.2 LEF
23. La consignación a la que se refiere el art. 50.2 LEF (sobre la diferencia entre el importe de la hoja de aprecio de la Administración y el justiprecio en caso de su impugnación judicial) no requiere de previo ofrecimiento de pago, pues su finalidad no es realizar el pago, sino garantizarlo a resultas del pleito pendiente
24. Sobre el derecho del expropiado a la cantidad concurrente del art. 50.2 LEF
IV. La ocupación (arts. 51 LEF y 52 a 55 y 59 REF)
1. Contenido de la normativa
2. Sobre la ocupación de los bienes inmuebles cerrados
3. No imposibilita la ocupación que la resolución de justiprecio se hubiere recurrido judicialmente
4. Para ocupar es imprescindible que se haya pagado o consignado el justiprecio
5. La ocupación como requisito imprescindible para que la Administración adquiera el dominio. Aplicación de la teoría del título y modo
6. No opera la usucapión o prescripción adquisitiva si la Administración no ha pagado o consignado el justiprecio
7. La ocupación sin haber pagado o consignado el justiprecio es constitutiva de vía de hecho de la Administración
8. ¿Qué ocurre cuando finalizado el expediente expropiatorio aparecen fincas o derechos anteriormente inscritos? Interpretación del art. 210.4 del Reglamento de Gestión Urbanística
V. Autorización judicial para ocupar en caso de oposición del expropiado
1. Planteamiento
2. La propiedad como un derecho fundamental de la persona
3. Situación anterior a la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998
4. Situación derivada de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998
5. Interpretación jurisprudencial de la nueva situación
6. Alcance del art. 8.5 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
7. La oposición del arrendatario a la ocupación igualmente daría lugar a la exigencia de autorización judicial
8. El traspaso posesorio requiere la concurrencia del “título y modo”
VI. Inscripción en el Registro de la Propiedad
1. Inscripción de los bienes y/o derechos transmitidos en virtud de expropiación ordinaria (arts. 53 LEF y 55 y 60 a 62 REF)
2. Regulación de la inscripción de expropiaciones urbanísticas contenida en el Decreto de 14 de febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario (art. 32)
3. Inscripción de los bienes y/o derechos transmitidos en virtud de expropiación urbanística (arts. 44 RDLeg 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, y 22 a 28 RD 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística)
A) Art. 44 TRLSyRU
B) Inscripciones de expropiaciones urbanísticas
a) Inscripciones de expropiaciones urbanísticas que no se tramitan mediante tasación conjunta
b) Inscripciones de expropiaciones urbanísticas que se tramitan mediante tasación conjunta
VII. Derecho de reversión (arts. 54 y 55 LEF y 63 a 70 REF)
1. Comentario sobre la normativa
2. Sobre su naturaleza, contenido y alcance
3. Sobre su naturaleza jurídica
4. Tiene su fundamento en que la expropiación es una medida excepcional y la desaparición de su causa motiva la reversión
5. Con efectos ex nunc
6. Es una consecuencia de la invalidez sobrevenida de la expropiación
7. No se trata de un derecho de adquisición preferente, sino de una revocación de la expropiación por el incumplimiento de la afección del bien o derecho a la causa expropiandi
8. Se trata de un derecho de configuración legal
9. Sobre la legislación aplicable al derecho de reversión cuando se ejercita
10. Frente a quién debe ejercitarse el derecho de reversión
11. El reversionista debe probar su condición de expropiado o causahabiente del mismo y que el bien cuya reversión se solicita fue objeto de expropiación
12. Ejercicio solidario del derecho de reversión cuando son una pluralidad de personas
13. La fijación del justiprecio mediante mutuo acuerdo no impide el ejercicio del derecho de reversión
14. Procedencia del derecho de reversión, aunque no se hubiere tramitado del todo la expropiación o hubiere sido defectuosa su tramitación
15. Constituye presupuesto imprescindible que el bien o derecho hubiere sido objeto de expropiación por parte de la Administración. Improcedencia cuando la Administración adquirió mediante compraventa
16. La cesión del subsuelo no es sobrante de la parcela ni es una nueva afectación del suelo, por lo que no procede el derecho de reversión
17. La ejecución de obras importantes por la Administración no impide la reversión cuando no se respeta la causa expropiandi
18. Procede la reversión cuando no se hubieren ejecutado las obras, o bien cuando las obras ejecutadas no se hubieren destinado al fin que motivó la expropiación
19. Procede la reversión cuando han transcurrido cinco años sin que se haya establecido el servicio para el que fue expropiado el suelo, conforme al art. 54.1 LEF
20. Dudas sobre el alcance expropiatorio respecto de las partes sobrantes de una obra pública
21. Procedencia de la reversión cuando se produzca la desafectación de la obra
22. Notificación de la Administración sobre la no ejecución de la obra o establecimiento del servicio
23. Procedencia de la reversión en supuesto de desafectación tácita
24. Compete al reversionista la prueba de la concurrencia de la causa de reversión
25. Sobre la advertencia de reversión del art. 64.2 REF
26. El ejercicio del derecho de reversión no está sujeto a ningún plazo de caducidad ni prescripción
27. Sobre el justiprecio de la reversión
28. Sobre el devengo de interés de demora del justiprecio de la reversión
29. Prevalencia de la reversión sobre terceros adquirentes de buena fe
30. Prevalencia de la reversión sobre terceros poseedores
31. Sobre la imposibilidad de materializar la reversión y procedencia de una indemnización económica conocida como indemnización sustitutoria
32. La indemnización sustitutoria puede ser fijada por la Administración
33. Cuantificación de la indemnización sustitutoria
34. Los fines de dos expropiaciones distintas que afectan a unos mismos bienes no son intercambiables y procede la indemnización sustitutoria, al no ser posible ejecutar la reversión
35. El derecho de reversión es susceptible de expropiación
36. No se reconoce el derecho de reversión en la Operación Chamartín

Responsabilidad por demora: El interés de demora en la fijación del justiprecio y en el pago del mismo, y la institución de la retasación
I. El interés de demora en la fijación del justiprecio (arts. 56 LEF y 71 y 72 REF)
1. Cumple una función resarcitoria para el expropiado por la demora en la que incurre la Administración en la fijación del justiprecio
2. Como frutos civiles que se devengan día a día, es un crédito accesorio al justiprecio y no forma parte del mismo
3. Debe existir una demora en la fijación del justiprecio y concurrencia de culpa por parte de la Administración o entidad beneficiaria
4. Es necesario indagar quién es el culpable de la demora en la fijación del justiprecio (Administración expropiante, entidad beneficiaria, Jurado Provincial de Expropiación Forzosa o expropiado)
5. Por culpa de la Administración expropiante o entidad beneficiaria
6. Por culpa del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa
7. Es competencia de la Administración expropiante el cómputo de los intereses de demora
8. El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa carece de competencia para la fijación del interés de demora
9. Liquidación del interés de demora cuando una resolución judicial modifica el justiprecio
10. Dies a quo, o fecha de inicio, y dies ad quem, o fecha final, de la liquidación del interés de demora
11. Tipo de interés aplicable a la liquidación del interés de demora
12. Son de devengo automático por ministerio de la Ley y no requieren interpelación
13. A quién se realiza el pago del interés de demora
14. El pago tiene un efecto liberatorio de la deuda .
15. No devenga cuando se alcanza el justiprecio por mutuo acuerdo, salvo que voluntariamente se haga constar en este
16. Es posible la renuncia al interés de demora
17. Los intereses de demora pueden prescribir, a diferencia del justiprecio
II. El interés de demora en el pago del justiprecio (arts. 57 LEF y 73 REF)
1. Sobre la naturaleza jurídica del interés por demora en el pago
2. Dies ad quem, o día final, en el cómputo de los intereses de demora en el pago del justiprecio tiene lugar en el momento en que se produce el pago del justiprecio fijado definitivamente en vía administrativa o judicial
3. Liquidación cuando una resolución judicial modifica el importe del justiprecio fijado administrativamente
4. Procedencia del interés de demora en el pago del justiprecio fijado en convenio expropiatorio
5. Devengo automático por ministerio de la Ley, sin que requiera de interpelación
6. La Administración debe proceder al pago del justiprecio en el plazo de seis meses, aunque exista litigio judicial entre los expropiados o recurso contra el justiprecio
7. No procede el devengo de nuevos intereses de intereses vencidos y no pagados (anatocismo)
8. Sobre ambos intereses de demora
III. Datos para la liquidación del interés de demora en la fijación del justiprecio y en el pago del justiprecio
IV. El interés de demora en el procedimiento expropiatorio de urgencia (art. 52.8.ª)
1. Criterio jurisprudencial sobre el dies a quo y dies ad quem para el cómputo de los intereses de demora en los procedimientos expropiatorios urgentes del art. 52 LEF
2. Se devenga el interés de demora en la fijación del justiprecio, siendo la fecha inicial el día siguiente a la ocupación
3. Fundamento del devengo de estos intereses
4. Sobre el día inicial o dies a quo
5. Sobre el día final o dies ad quem
6. Sobre el día inicial y final de la liquidación en expropiaciones urgentes
7. En caso de resolución judicial que altere el importe del justiprecio
8. Son de devengo automático por ministerio de la Ley
9. Son frutos civiles que se devengan día a día
10. Compete su liquidación a la Administración expropiante
11. Sobre la posibilidad de solicitar su liquidación en ejecución de sentencia
V. Ejemplo práctico de liquidación de intereses de demora en un expediente expropiatorio de urgencia
VI. ¿Pueden los intereses de demora impagados devengar nuevos intereses?
VII. ¿Pueden devengarse los intereses del art. 106 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa?
VIII. La retasación (arts. 58 LEF y 74.2 REF)
1. No se trata de un mecanismo sancionador para la Administración
2. Fundamento de la retasación
3. No se trata de una mera actualización monetaria, sino de una nueva evaluación
4. También aplicable al impago del justiprecio fijado por mutuo acuerdo
5. Genera un nuevo expediente expropiatorio distinto del anterior que caducó
6. Requisitos que deben concurrir en la retasación
7. Debe solicitarse a la Administración expropiante mediante presentación de hoja de aprecio
8. La retasación es aplicable aunque se hubiere recurrido judicialmente el justiprecio
9. Día inicial o dies a quo
10. Solicitud prematura de retasación
11. Prescripción de la acción para solicitar la retasación
12. La retasación interna o actualización del justiprecio carece de cobertura legal
13. El pago realizado a un tercero por la Administración no enerva el derecho de retasación
14. El pago realizado al expropiado después de solicitada la retasación excluye la retasación si el cobro tuvo lugar sin reservas
15. El cobro parcial del justiprecio no impide el ejercicio de la retasación
16. El pago o consignación del justiprecio impide la retasación
17. Cómo ha de realizarse la consignación para impedir la retasación
18. El pago o consignación del justiprecio, aunque no se hubieren abonado los intereses de demora, impide la retasación
19. Cálculo de los intereses de demora en los supuestos de retasación
20. Improcedencia de la retasación cuando se cobró el justiprecio sin realizar reserva alguna. Improcedencia de la aplicación del art. 34.2 b) del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008

Procedimientos especiales
I. De la expropiación por zonas o grupos de bienes (arts. 59 a 70 LEF y 75 a 86 REF)
II. De la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad (arts. 71 a 75 LEF y 87 a 91 REF)
III. De la expropiación de bienes de valor artístico, histórico y arqueológico (arts. 76 a 84 LEF y 92 a 100 REF)
IV. De la expropiación por entidades locales o por razón de urbanismo (arts. 85 LEF y 101 a 103 REF)
V. De la expropiación que da lugar a traslado de poblaciones (arts. 86 a 96 LEF y 104 a 118 REF)
VI. De las expropiaciones por causa de colonización o de obras públicas (arts. 97 y 98 LEF y 119 y 120 REF)
VII. De la expropiación en materia de propiedad intelectual (arts. 99 LEF y 121 a 123 REF)
VIII. De la expropiación por razones de defensa nacional y seguridad del Estado (arts. 100 a 107 LEF y 124 REF)

Expropiación urbanística
I. La expropiación urbanística
1. Alcance de la competencia del Estado y de las comunidades autónomas
2. Alcance de la competencia del Estado para fijar las garantías expropiatorias
II. Regulación estatal: Arts. 42 a 48 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre
1. Régimen de expropiaciones por razón de la ordenación territorial y urbanística (art. 42)
2. Justiprecio (art. 43)
3. Ocupación e inscripción en el Registro de la Propiedad (art. 44)
4. La adquisición de los bienes y derechos por parte de la Administración expropiante es libre de cargas (art. 45)
5. Modalidades de gestión expropiatoria (art. 46)
6. Supuestos de reversión y retasación (art. 47)
III. Regulación estatal supletoria: Arts. 64 a 69 y 134 a 145 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril
1. Arts. 64 a 69 TRLS de 1976
2. Arts. 134 a 145 TRLS de 1976
IV. Regulación autonómica
V. Análisis jurisprudencial
1. Una expropiación es urbanística cuando se ejecuta un instrumento de planeamiento
2. Antes de la Ley 8/1990, de 25 de julio, de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo, la distinción entre expropiación urbanística y no urbanística implicaba la aplicación de criterios de valoración distintos
3. Supuestos de expropiaciones urbanísticas y no urbanísticas
4. El planeamiento de ordenación urbana como causa expropiandi
5. Fecha de inicio del expediente de justiprecio
6. Fecha de inicio del devengo de intereses de demora en expropiaciones urbanísticas
7. Sobre la expropiación por ministerio de Ley

Otras formas de afección expropiatoria: Imposición de servidumbres y ocupación temporal. Criterios para su valoración
I. Otras formas de afección expropiatoria
II. La ocupación temporal
1. En general
A) Concepto de la ocupación temporal .
B) Elementos de la ocupación temporal
C) Carácter instrumental de esta institución jurídica
D) Nota de temporalidad o transitoriedad
E) Apunte histórico
F) Quién puede acordar la ocupación temporal
G) Objeto sobre el que recae
H) Elemento causal de la ocupación temporal
I) Supuestos
J) También Leyes especiales contemplan la ocupación temporal
2. Ocupaciones temporales para estudios y toma de datos para formación de un proyecto o el replanteo de una obra (arts. 108.1 y 110 LEF y 126 REF)
A) Procedimiento administrativo
B) Indemnización
3. Ocupaciones temporales para la construcción, reparación o conservación de obras declaradas de utilidad pública (arts. 108.2 y 111 a 115 LEF y 127 a 129 REF)
A) Procedimiento administrativo (arts. 15 a 23 y 111 LEF y 127.8 REF)
B) Fijación del justiprecio (arts. 112 a 115 LEF)
C) Conceptos indemnizatorios (art. 115 LEF)
4. Ocupaciones temporales para la extracción de materiales (arts. 108.3 y 116 LEF y 130 REF). Fijación del justiprecio
5. Ocupaciones temporales por interés social (arts. 108.4 y 118 LEF y 131 REF)
A) Indemnización
B) Aumento económico obtenido como consecuencia de las obras realizadas por el beneficiario
C) Discrepancias
6. Intervención de empresas (arts. 119 LEF y 131 REF)
7. Valoración de la ocupación temporal
8. Garantías jurisdiccionales
III. Establecimiento de servidumbres mediante el expediente expropiatorio y su diferenciación con las limitaciones generales del dominio
1. Planteamiento
2. Concepto de servidumbre
3. Distinción entre las servidumbres (que son objeto de expropiación) y las limitaciones generales del dominio
4. La extinción de servidumbres por vía de expropiación forzosa
5. La constitución de servidumbres por vía de expropiación forzosa
A) Válida constitución de una servidumbre
B) La constitución de servidumbre y la ocupación temporal
6. Tipos de servidumbres y limitaciones del dominio
A) Servidumbre de paso de línea eléctrica
B) Servidumbre de oleoducto
C) Servidumbre de gasoducto
D) Servidumbre de acueducto
E) Servidumbre de línea telefónica
F) Servidumbre de viaducto
G) Limitaciones generales del dominio
a) Planteamiento
b) Diferencias con las servidumbres
c) ¿Las limitaciones legales en torno a las carreteras y supuestos afines deben ser objeto de expropiación e indemnización?
7. Las servidumbres y el premio de afección

De la indemnización por otros daños (Capítulo II del Título IV de la LEF y del REF) y por la anulación del expediente expropiatorio (Disposición Adicional de la LEF)
I. Regulación y supuestos
II. Contenido normativo
III. Jurisprudencia sobre la requisa civil
IV. Jurisprudencia sobre la responsabilidad patrimonial por daños ocasionados por el funcionamiento normal o anormal del servicio público
V. Jurisprudencia relacionada con la prescripción de la acción de reclamación
VI. ¿En qué consiste la indemnización por nulidad del expediente expropiatorio de la Disposición Adicional de la Ley de Expropiación Forzosa? ¿Cómo se cuantifica?

Garantías jurisdiccionales (Título V de la LEF y del REF)
I. Normativa aplicable
II. Sobre las expropiaciones legislativas
III. La vía de hecho en actuaciones expropiatorias y sus consecuencias
1. Concepto
2. Supuestos
3. Inmunidad interdictal de la Administración
4. Consecuencias para la Administración
5. Posibilidad de interponer interdictos
6. Ocupación del bien sin previo pago o depósito del justiprecio
7. Ocupación del bien sin constitución del depósito previo
8. Reconocimiento al expropiado de una indemnización compensatoria por los daños y perjuicios sufridos
IV. Actos administrativos del expediente expropiatorio susceptibles de recurso jurisdiccional
V. La jurisdicción contencioso-administrativa como la competente para revisar las indemnizaciones “por otros daños”
VI. Consecuencias de la anulación de un expropiatorio: Disposición Adicional de la LEF. ¿Deben ser probados los daños y perjuicios derivados de la actuación ilegal de la Administración?

Aspectos fiscales del justiprecio
I. Aspectos generales
1. No está sujeto a tributación el pago del justiprecio
2. Está sujeto a tributación si el justiprecio representa una ganancia patrimonial o incremento de renta
II. Tratamiento en el IRPF (arts. 33 a 39 RDL 3/2004 y 40 a 42 RD 439/2007)
III. Tratamiento en el Impuesto sobre Sociedades (art. 17 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre)
IV. Tratamiento en el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (arts. 18 y 24.4 RDLeg 5/2004)
V. Tratamiento en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (arts. 104 a 110 RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales)
VI. Tratamiento en el Impuesto sobre el Valor Añadido (Ley 37/1992, de 28 de diciembre, y RD 1624/1992, de 29 de diciembre)
VII. Tratamiento en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (RDL 1/1993, de 24 de septiembre, y RD 828/1995, de 29 de mayo)

Criterios para la tasación del justo precio e indemnizaciones
I. Preceptos de la Ley de Expropiación Forzosa (arts. 36 a 47 LEF)
1. Sobre el momento al que debe estar referida la tasación y sobre las mejoras realizadas en el bien expropiado una vez iniciado el expediente expropiatorio (art. 36)
A) Momento al que debe estar referida la tasación
B) No pueden tenerse en cuenta las plusvalías generadas por el proyecto
C) Mejoras
2. Normativa a la que remite la Ley para la valoración del justo precio (art. 37)
3. Criterio de valoración de los derechos reales y de la indemnización al arrendatario (arts. 42 y 44)
A) Derechos reales sobre bienes inmuebles
B) Indemnización al arrendatario
4. No es aplicable la libertad estimativa del art. 43.1 LEF
5. Criterio de valoración de una concesión administrativa (art. 41)
6. Criterio de valoración de obligaciones, acciones, cuotas y demás modalidades de participación en empresas mercantiles (art. 40)
7. Indemnización de las cosechas pendientes (art. 45)
8. Indemnización por expropiación parcial de la finca (art. 46)
9. El premio de afección (art. 47)
II. Preceptos del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, y Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo
1. Ámbito de aplicación (art. 34.1 del Texto Refundido)
2. Normativa aplicable —interpretación de la Disposición Transitoria Tercera, apdo. 1— y fecha de inicio del expediente de justiprecio
3. Momento al que debe estar referida la tasación [art. 34.2 b) del Texto Refundido]
4. Criterios generales para la valoración de los inmuebles (art. 35 del Texto Refundido)
5. Tasación del suelo en situación básica de rural (art. 36 y Disposición Adicional Séptima del Texto Refundido, y art. 7.18 del Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo)
6. Tasación del suelo urbanizado (arts. 37 del Texto Refundido y 19 a 27 del Reglamento)
7. Valoración del suelo destinado a un sistema general
8. Improcedencia de la aplicación de la doctrina de sistemas generales desde la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo
9. Tasación de la indemnización de la pérdida de la facultad de participar en actuaciones de nueva urbanización —operación nueva de urbanización o de renovación de la urbanización— (arts. 38 del Texto Refundido y 28 del Reglamento)
A) Concepto de la indemnización
B) Urbanizar no es un derecho, sino una facultad
C) Requisitos para que sea aplicable la indemnización
D) Cuantificación de la indemnización
E) Supuestos en los que no procede esta indemnización
F) Sentencia del Tribunal Constitucional 218/2015, de 22 de octubre (BOE n.º 284, de 27 de noviembre de 2015), declarando nulo el art. 25.2 a) TR de 2008, actual art. 38.2 a) TR de 2015
G) Situación actual de vacío legal sobre el método de tasación de la pérdida de la facultad de urbanizar
10. Tasación de la indemnización de la pérdida de la iniciativa y la promoción de una actuación de urbanización o edificación (arts. 39 del Texto Refundido y 29 del Reglamento)
11. Normativa supletoria de la valoración (art. 41 del Texto Refundido)
12. Algunas conclusiones del nuevo sistema de valoración. Inversión de la curva de valoración
13. Reflexiones del Tribunal Constitucional sobre el nuevo régimen de valoraciones en su Sentencia 141/2014, de 11 de septiembre
14. Reflexión del Tribunal Constitucional sobre si prescindir de la expectativa urbanística en la valoración vulnera o no el art. 33 de la Constitución, en su Auto 45/2018, de 24 de abril
III. Criterios de valoración en el anterior marco normativo: Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones
IV. Doctrina jurisprudencial sobre indemnizaciones y valoraciones
1. Principio de indemnidad patrimonial
2. Las indemnizaciones son distintas del justiprecio, pero por razón de economía procesal se incluyen dentro del justiprecio
3. Cese o traslado de negocio
A) Distinción entre cese y traslado
B) Factores que se han de indemnizar en el traslado
C) Tiempo del traslado
D) Factores que caracterizan que es un cese, y no un traslado
E) Factores que se han de indemnizar en el cese
F) Valoración del cese .
G) Valoración aun siendo la industria ilegal
4. Indemnización por ocupación ilegal de la finca
5. La pérdida de edificabilidad (ius aedificandi) como consecuencia del establecimiento de la línea límite a la edificación contemplada en la Ley de Carreteras
A) Jurisprudencia del Tribunal Supremo que reconoce la pérdida de edificabilidad como indemnizable
B) Reconocimiento legal en el apdo. 5 del art. 33 de la Ley 37/2015
6. La valoración del cese del derecho de arrendamiento
A) Indemnización al arrendatario por la extinción del contrato de arrendamiento
B) ¿Puede el propietario y arrendador del terreno exigir las rentas del contrato dejadas de percibir?
7. ¿Qué ocurre cuando el propietario del suelo lo es también de la empresa arrendataria del suelo? ¿Tiene derecho a una indemnización por mayor renta o por derecho de traslado?
8. Indemnización por la pérdida de regadío
9. Indemnización por el incremento del gasto de la explotación como consecuencia del mayor recorrido que debe realizar la maquinaria de explotación de la finca
10. Indemnización por pérdida de tranquilidad ambiental, ruidos, vistas
11. Indemnización por expropiación parcial de la finca o por partición de la misma
12. Indemnización por el coste económico de relleno del terreno para mantener la cota del mismo al de la carretera
13. Indemnización por afectación a la caza
14. Indemnización por encharcamiento de la finca
15. ¿Son indemnizables las mejoras?
16. ¿Son indemnizables las expectativas urbanísticas?
17. Indemnización por la pérdida del aprovechamiento minero
18. Tasación del Mineral Sección A) Tasación de concesión minera de mineral de la Sección C)
19. ¿Cómo se valoran las cosechas y plantaciones?
20. ¿Cómo se valora el arbolado?
21. ¿Cómo se valoran las edificaciones en fuera de ordenación urbanística?
22. ¿Cómo se valora un pozo y el aprovechamiento de agua?
23. ¿Se valoran las cercas y paredes?
24. Tasación de campo de golf en suelo urbanizable
25. Expropiación donde radica un yacimiento arqueológico, ¿se tasa solo el suelo o también el yacimiento?
26. ¿Cómo se valora un vertedero de residuos inertes?
V. Sobre la capacitación técnica para la realización de tasaciones en el ámbito de la expropiación forzosa

Esquemas
Procedimiento de expropiación ordinaria no urgente
Procedimiento de expropiación ordinaria urgente
Expropiación urbanística

Material práctico
Declaración de urgencia
Relación de bienes y derechos (acuerdo de necesidad de ocupación)
Acta previa a la ocupación
Hoja de valoración del depósito previo
Hoja de valoración de indemnización por rápida ocupación (IRO)
Acta de ocupación
Acta de mutuo acuerdo
Hoja de aprecio de la Administración
42 Expropiación forzosa: Conceptos, procedimientos y criterios de valoración del justiprecio
Resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa
Acta de pago del justiprecio

Bibliografía

Breve currículo

 

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