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Practicum social 2021 | 9788413461571 | Portada

PRACTICUM SOCIAL 2021

Formato Dúo

Moreno Solana, Amanda / Aradilla Marqués, María José / Goerlich Peset, José María / Mercader Uguina, Jesús Rafael

Precio: 156.84€

Oferta: 149.00€ (-5%)

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Datos técnicos

  • ISBN 9788413461571
  • Año Edición 2021
  • Páginas 2300
  • Encuadernación Tapa Blanda
  • Idioma Español
 

Sinopsis

Un exhaustivo análisis práctico y global de todas las instituciones, figuras jurídicas, principios, normativa y documentación propia del ámbito laboral y de la Seguridad Social, en una obra única totalmente actualizada.

Practicum Social está orientado a dar debida respuesta a los problemas más habituales a que se enfrentan los profesionales del ámbito del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, profesionales, empresas, sindicatos y administraciones públicas.

Incluye:

– casos prácticos

– la doctrina administrativa y jurisprudencia más relevante recaída en materia tributaria.

– actualizada con las novedades legislativas, administrativas y jurisprudenciales, más relevantes,

Contenido

Presentación
Abreviaturas
Capítulo 1. Fuentes del Derecho del Trabajo
Capítulo 2. Administración Laboral
Capítulo 3. Empleo, colocación e intermediación laboral y formación profesional
Capítulo 4. Contrato de trabajo y contratación laboral
Capítulo 5. Contenido del contrato y condiciones de trabajo
Parte 1. Contenido del contrato y condiciones de trabajo (Apartados 1 a 5)
Parte 2. Contenido del contrato y condiciones de trabajo (Apartados 6 a 11)
Parte 3. Contenido del contrato y condiciones de trabajo (Apartados 12 a 18)
Capítulo 6. Seguridad y Salud en el Trabajo
Capítulo 7. Libertad sindical y órganos de representación de los trabajadores. Asociaciones de empresarios
Capítulo 8. Economía Social
Capítulo 9. Negociación colectiva
Capítulo 10. Conflictos colectivos y huelga
Capítulo 11. Extranjeros
Capítulo 12. Gestión y colaboración con la Seguridad Social
Capítulo 13. Ámbito de aplicación de la Seguridad Social y actos de encuadramiento
Capítulo 14. Cotización a la Seguridad Social
Capítulo 15. Liquidación y recaudación de la Seguridad Social
Capítulo 16. Prestaciones de la Seguridad Social. Acción protectora
Capítulo 17. Regímenes especiales de la Seguridad Social
Capítulo 18. Sistemas especiales de la Seguridad Social
Capítulo 19. Infracciones y sanciones
Capítulo 20. Procedimiento y Jurisdicción Social
Capítulo 21. Delitos en materia laboral y de Seguridad Social. La responsabilidad civil derivada de delito
Anexos
Tabla de interés legal y de demora. Interés legal e interés de demora desde 2015 a 2021
Tabla indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). Evolución (IPREM, 2015/2021)
Tabla salario mínimo interprofesional. Tabla de salario mínimo interprofesional 1985-2020

Índice

Fuentes del Derecho del Trabajo

Sumario:

1.La Constitución Española (RCL 1978, 2836)
1.1.Papel de la Constitución Española (RCL 1978, 2836) en el sistema de fuentes del Derecho del Trabajo
1.2.El principio de igualdad y no discriminación
Caso Práctico
1.3.Derechos constitucionales de carácter económico y profesional
1.4.Derechos constitucionales de alcance individual en la relación de trabajo
1.5.Derechos constitucionales de alcance colectivos en las relaciones de trabajo
2.Normativa comunitaria europea
2.1.Principios y reglas. Disposiciones generales
2.2.El acervo de Reglamentos y Directivas en materia social
3.Normativa internacional
4.Leyes y reglamentos de contenido laboral
4.1.La Ley del Estatuto de los Trabajadores (RCL 2015, 1654)
4.2.Normas de colocación y empleo
4.3.Normas sobre derechos colectivos
4.4.Intervención pública en las relaciones de trabajo
4.5.Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
4.6.Derechos básicos del trabajador
4.7.Ley General de la Seguridad Social
5.Convenios colectivos (remisión)
6.La costumbre laboral
7.Los principios generales del derecho
8.La jurisprudencia
9.Normativa supletoria
10.Principios de aplicación de las normas laborales

1. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

1.1. PAPEL DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA EN EL SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO DEL TRABAJO

1/5

La Constitución como norma fundamental del ordenamiento jurídico. El examen del papel de la Constitución Española en el sistema de fuentes del Derecho del Trabajo admite, entre otras, dos perspectivas de análisis: la primera relativa al estudio de la Constitución en su papel de norma fundamental del ordenamiento jurídico que ordena el sistema normativo atribuyendo potestades y estableciendo los principios generales sobre los que se asentará el orden jurídico en general y, en particular, el laboral. En este sentido, la Constitución regula la estructura y funcionamiento del propio Estado, de los que es parte el sistema de producción de normas en un triple aspecto: determinando los órganos de la estructura a los que atribuye poder normativo, especificando las formas de exteriorización de la voluntad normativa de los órganos a los que se les ha atribuido la facultad de normar y estableciendo los procedimientos que tiene que usar el órgano que tiene el poder de normar.

La segunda perspectiva, que parte de la aplicabilidad directa de la Constitución en las relaciones entre particulares, permite analizar lo que se puede denominar como contenido laboral de la Constitución Española, puesto que ésta, además de configurar formalmente el sistema de fuentes, se erige a sí misma como fuente directa, bien configurando el contenido mínimo material de las normas, bien mediante preceptos autosuficientes directamente aplicables, bien mediante preceptos que condicionan el contenido de las normas infraconstitucionales.

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Constitución y potestad normativa internacional. La posibilidad de que normas emanadas de organismos internacionales o supranacionales nutran el derecho interno y sean aplicables a las relaciones jurídicas que en éste se desarrollan ha sido establecida en la Constitución a través de dos previsiones diferentes:

a) La primera, la establecida en el art. 93CE según la que mediante Ley Orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. En aplicación de esta disposición la Ley Orgánica 10/1985, de 2 de agosto, supuso la atribución a la Comunidad Europea de la facultad para producir normas aplicables internamente dentro del ámbito de sus propias competencias. Y es que el art. 93CE se concibió como el medio constitucional de nuestra integración en las Comunidades europeas, permitiendo asumir las consecuencias de la inserción en un ente supranacional distinto, susceptible de crear un Ordenamiento propio dotado de particulares principios rectores de la eficacia y de las exigencias y límites de la aplicabilidad de sus normas.

b) La segunda previsión se contiene en el art. 96.1CE al disponer que «los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno » y, en consecuencia, sus disposiciones «sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho Internacional». Con ello, implícitamente se está admitiendo la superioridad de las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales sobre las normas internas en caso de conflicto entre ambas, superioridad que no alcanza, lógicamente, a la Constitución, lo que explícitamente determina el art. 95.1CE al disponer que «la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional» facultando al Gobierno o a cualquiera de las Cámaras para «requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción».

↔ [Véase Normativa Internacional. Convenios internacionales multilaterales (1/145) y Tratados bilaterales (1/160)]

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Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Como consecuencia de la organización territorial del Estado diseñada en el título VIII de la Constitución, no se puede completar un análisis sobre las fuentes del ordenamiento jurídico, ni siquiera de una parcela de éste, sin hacer referencia al papel de las Comunidades Autónomas dado que éstas poseen capacidad normativa originaria en aquellas materias que conforme a los arts. 148 y 149CE se les reconozca y haya sido, en función de los respectivos Estatutos de autonomía, efectivamente transferida. Igualmente, pueden llegar a poseer capacidad normativa derivada, en materias de competencia estatal, cuando una ley del Estado les atribuya, en el marco de los principios, bases y directrices fijados por ésta, la facultad de dictar para sí mismas normas legislativas.

En el ámbito jurídico laboral el precepto nuclear es el art. 149CE en la medida en que con notable claridad establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre «la legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas». De esta forma, la Constitución opta por una opción competencial clara que presupone la legislación unitaria para todo el Estado en materia laboral.

Este precepto tiene una importante capacidad de limitación del margen de autoorganización de la función pública de ámbito autonómico, pues al imponer límites de derecho necesario absoluto o relativo está vinculando la capacidad de las cámaras legislativas regionales para establecer condiciones de trabajo diferentes (o superiores o inferiores) a las previstas en el régimen estatal [STC 31/2010 (RTC 2010, 31), o más reciente STC 158/2016 (RTC 2016, 158)].

↔ [Véase Administración Laboral Autonómica (2/285)]

↔ [Véase Contrato de trabajo. Concepto y notas características (4/5 ss.)]

1/20

Aplicabilidad directa de la Constitución. El art. 9.1CE dispone que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. De manera singular ello implica dos consecuencias básicas. En primer lugar, la confirmación de que el texto constitucional no se limita a ser una norma fundamental que configura la organización del Estado y atribuye facultades a los distintos órganos y a grupos sociales, sino que incorpora, también, un catálogo de derechos de eficacia directa que vincula a todos los poderes públicos, entre ellos a los órganos judiciales, de forma que esa parte del texto constitucional podrá ser alegada y aplicada aun en ausencia de norma que lo desarrolle. Por otra parte, el contenido constitucional de derechos, obligaciones y deberes no vincula exclusivamente a los poderes públicos y a éstos y a los ciudadanos en sus mutuas relaciones; la norma constitucional va más allá de suerte que parte de su contenido se impone a las relaciones de los ciudadanos entre sí.

Aunque desde la matización de que no existe una respuesta uniforme para todos los derechos, la eficacia horizontal de los derechos establecidos en la Constitución ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en diversas ocasiones negando, con carecer general, que sólo se sea titular de los derechos fundamentales y libertades públicas en relación con los poderes públicos, dado que en un Estado social y democrático de derecho como el que consagra el art. 1CE no puede sostenerse que el titular de tales derechos no lo sea en la vida social [SSTC 18/1984 (RTC 1984, 18)y 19/1985 (RTC 1985, 19), entre otras]. En concreto, por lo que se refiere al ámbito de la relación laboral, el TC ha destacado que la celebración de un contrato de trabajo no implica la privación en modo alguno para una de las partes, el trabajador, de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano [SSTC 88/1985 (RTC 1985, 88); 54/1995 (RTC 1995, 54) y 186/1996 (RTC 1996, 186), entre otras], advirtiendo, en todo caso, que cuando los derechos constitucionales del trabajador puedan entrar en conflicto con los que la propia Constitución o las leyes reconocen al empresario, ambos deben cohonestarse en términos de proporcionalidad señalando que resulta preciso preservar el equilibrio entre las obligaciones dimanantes del contrato para el trabajador y el ámbito de su libertad constitucional, pues, dada la posición preeminente de los derechos fundamentales, la modulación derivada del contrato de trabajo sólo se producirá en la medida estrictamente imprescindible para el logro del interés empresarial [SSTC 99/1994 (RTC 1994, 99) y 204/1997 (RTC 1997, 204), entre otras].

↔ [Véase Contrato de trabajo. Derechos de los trabajadores (5/511)]

 

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