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Practicum procuradores 2020 | 9788413088259 | Portada

PRACTICUM PROCURADORES 2020

Formato Dúo

Palomar Olmeda, Alberto / Colomer Hernández, Ignacio / Toledo Martín, Andrea / Fuertes López, Javier / Zuazo Cereceda, Teresa / Toledo Sobrón, José / Medel Bernardo, Jorge / Dueñas Fraile, Fernando / García Loizaga, María Belén

Precio: 83.16€

Oferta: 79.00€ (-5%)

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Datos técnicos

  • ISBN 9788413088259
  • Año Edición 2020
  • Páginas 768
  • Encuadernación Rústica
  • Idioma Español
 

Sinopsis

Marco legal del ejercicio de la procura

JAVIER FUERTES LÓPEZ

Magistrado

TERESA ZUAZO CERECEDA

Decana del Colegio Oficial de Procuradores de La Rioja

Sumario:

I.La profesión de Procurador (Principios esenciales de la profesión de Procurador)
1.Concepto y naturaleza
2.Requisitos
3.Funciones
II.Los derechos y deberes de los Procuradores.
1.Deberes de los Procuradores de los Tribunales
1.1.Deberes esenciales
1.2.Deberes específicos
1.3.Otros deberes
2.Derechos de los Procuradores de los Tribunales
3.De la representación procesal y la libertad de su aceptación y renuncia
4.Percepción de derechos conforme al arancel
5.El secreto profesional
6.Incompatibilidades
7.Conflictos de intereses
8.La protección de datos de carácter personal en el ejercicio profesional
9.La publicidad personal
III.Las relaciones de los Procuradores
1.Relaciones con sus clientes
2.Relaciones con otros Procuradores de los Tribunales
3.Relaciones con Abogados y otros profesionales del Derecho
4.Relaciones con Jueces y Tribunales
IV.Responsabilidad de los Procuradores
1.Responsabilidad penal
2.Responsabilidad civil
3.Responsabilidad disciplinaria
3.1.Potestad disciplinaria
3.2.Infracciones
3.3.Sanciones
3.4.Procedimiento sancionador
V.Formas de ejercicio de la profesión: el procurador individual, colectivo y la colaboración profesional
1.El Procurador individual
2.El Procurador colectivo
3.Sustitución en la representación
4.Sustitución del Procurador en determinadas actuaciones
VI.Organización profesional
1.Colegios de Procuradores
2.Consejos de Colegios de Comunidad Autónoma
3.Mutualidad de los Procuradores de los Tribunales de España

I. LA PROFESIÓN DE PROCURADOR (PRINCIPIOS ESENCIALES DE LA PROFESIÓN DE PROCURADOR)

1/5

1. CONCEPTO Y NATURALEZA

Arts. 1 y 2 del Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España (RCL 2002, 2993)

Establece el art. 1 del Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España (aprobado por el Real Decreto Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre) que la Procura, como ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales, es una profesión libre, independiente y colegiada que tiene como principal misión la representación técnica de quienes sean parte en cualquier clase de procedimiento.

Son Procuradores de los Tribunales quienes (art. 2 del Estatuto), válidamente incorporados a un Colegio, se encargan de:

1. La representación de sus poderdantes ante los Juzgados y Tribunales de cualquier orden jurisdiccional

2. El fiel cumplimiento de aquellas funciones o de la prestación de aquellos servicios que, como cooperadores de la Administración de Justicia, les encomienden las leyes.

El Procurador de los Tribunales es quien comparece, por estar habilitado para ello, en juicio en representación de otro.

Consagra también la Ley la función de los Abogados y Procuradores, a los que reserva la dirección y defensa y la representación de las partes, pues a ellos corresponde garantizar la asistencia jurídica al ciudadano en el proceso, de forma obligatoria cuando así lo exija y, en todo caso, como derecho a la defensa y asistencia letrada expresamente reconocido por la Constitución (Exposición de Motivos LOPJ).

El art. 544 de la LOPJ establece que los Procuradores (al igual que los Abogados y los Graduados Sociales), antes de iniciar su ejercicio profesional, prestarán juramento o promesa de acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
2. REQUISITOS

Arts. 8, 9, 10 y 12 del Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España (RCL 2002, 2993)

El art. 8 del Estatuto establece que, para ser Procurador, es necesario:

1) Tener nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, sin perjuicio de lo dispuesto en Tratados o Convenios internacionales o salvo dispensa legal.

2) Ser mayor de edad y no estar incurso en causa de incapacidad.

3) Haber obtenido el título de procurador, que será expedido por el Ministerio de Justicia, previa acreditación de los requisitos establecidos en este Estatuto General, de acuerdo con la Ley.

Téngase en cuenta que la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2005 (RJ 2005, 5532) anuló el apartado c) del art. 8 del Estatuto por el que se establecía, como requisito necesario para ser Procurador, el de «estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, o de los títulos extranjeros que, con arreglo a la legislación vigente, sean homologados a aquél, así como los títulos obtenidos en los Estados miembros de la Unión Europea que faculten para ejercer en ellos la Procura y que hayan sido reconocidos en España de conformidad con las disposiciones vigentes».

Para el ejercicio de la profesión de procurador el art. 10 del Estatuto establece los siguientes requisitos:

1) Estar incorporado a un Colegio de Procuradores.

El art. 9 del Estatuto establece, como condiciones para la incorporación a un Colegio de Procuradores:

a) Estar en posesión del título de procurador.

b) Satisfacer la cuota de ingreso

d) No estar incurso en causa de incapacidad, incompatibilidad o prohibición para el ejercicio de la Procura.

e) Carecer de antecedentes penales que inhabiliten para la profesión de procurador.

f) Acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales previas al alta en la profesión.

Y el art. 12 del propio Estatuto dispone que corresponde a las Juntas de Gobierno de los Colegios de Procuradores aprobar, suspender o denegar las solicitudes de incorporación. Sin que los Colegios de Procuradores puedan denegar el ingreso en la corporación a quienes reúnan los requisitos establecidos en los artículos 8, 9 y 10 del Estatuto General.

En este momento pende ante el Tribunal Supremo recurso de casación, admitido por Auto de 11 de julio de 2018, que admite la existencia de interés casacional sobre la validez de los acuerdos de baja colegial por impago de las cuotas colegiales. En el referido Auto se señala que:

“El escrito de preparación se ajusta formalmente a las exigencias establecidas en el artículo 89.2 de la Ley procesal como hemos señalado, concurriendo el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, siendo las cuestiones que, a juicio de esta Sección de Admisión, presentan interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia : 1) Primera: Si, tras la anulación jurisdiccional de los Estatutos del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid de 2011, cabe entender que el artículo 20.1.c) del Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre (RCL 2002, 2993), por el que se aprueba el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España, otorga sustento normativo habilitante a los acuerdos de baja colegial por impago de las cuotas colegiales contempladas en el Reglamento de Cuotas Colegiales del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, aprobado en Junta General de 1 de julio de 2004; 2) Segunda: Si, tras la anulación jurisdiccional de los Estatutos del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid de 2011, cabe entender que los Estatutos del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, aprobados por Orden de 22 de mayo de 2007, han recobrado su vigencia, y, si el artículo 73.1.c) de dichos Estatutos otorga sustento normativo habilitante a los acuerdos de baja colegial por impago de las cuotas colegiales contempladas en el Reglamento de Cuotas Colegiales del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, aprobado en Junta General de 1 de julio de 2004.En consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1LJCA (RCL 1998, 1741) en relación con el artículo 90.4 de la misma, procede admitir este recurso de casación con base en el art. 88.2.c)LJCA, identificando como normas que, en principio, serán objeto de interpretación: a) artículo 73.1.c) del Estatuto del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, aprobado por Orden de 22 de mayo de 2007 y publicado por Resolución de 19 de julio de 2007, de la Dirección General de Política Interior y Cooperación con el Estado de la Consejería de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid: «1. La condición de colegiado se perderá y dará lugar a la baja inmediata:....c) Por falta de pago de las cuotas ordinarias o extraordinarias y de las demás cargas colegiales. No obstante, los colegiados podrán rehabilitar sus derechos pagando la cantidad adeudada más sus intereses al tipo legal y, en su caso, el importe de la sanción que se le imponga»; b) Artículo 20.1.c) del Real Decreto 1281/2002 de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España (BOE núm. 305 de 21 de Diciembre de 2002): « Artículo 20 Pérdida de la condición de colegiado 1. La condición de colegiado se perderá y dará lugar a la baja inmediata: (...) c) Por falta de pago de las cuotas ordinarias o extraordinarias y de las demás cargas colegiales. No obstante, los colegiados podrán rehabilitar sus derechos pagando la cantidad adeudada más sus intereses al tipo legal y, en su caso, el importe de la sanción que se le imponga»”.

2) Por Ley, a tenor de lo establecido en los artículos 36 y 149.1.30.ª de la Constitución, se podrán establecer fórmulas homologables con el resto de los países de la Unión Europea que garanticen la preparación específica para el ejercicio de la profesión

3) Prestar juramento o promesa de acatamiento a la Constitución, así como al resto del ordenamiento jurídico, ante la autoridad judicial de mayor rango del Partido Judicial en el que se vaya a ejercer, o ante la Junta de Gobierno de su Colegio

4) Estar dado de alta en la Mutualidad de Procuradores de los Tribunales de España, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija o, alternativamente, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en los términos establecidos en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, o con cualquier legislación concordante.
3. FUNCIONES

Art. 543LOPJ

Arts. 1 y 2 del Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España (RCL 2002, 2993)

Art. 18 del Código Deontológico de los Procuradores de los Tribunales

El art. 543 de la LOPJ atribuye a los Procuradores:

1) En exclusiva, la representación de las partes en todo tipo de procesos, salvo cuando la Ley autorice otra cosa.

De esta forma, la intervención profesional del procurador en toda clase de procesos y ante cualquier orden jurisdiccional será preceptiva cuando así lo disponga la Ley (art. 5.1 del Estatuto)

2) Poder realizar los actos de comunicación a las partes del proceso que la Ley les autorice.

Tal y como establece el art. 18 del Código Deontológico, el Procurador sólo podrá encargarse de un asunto por mandato expreso de su representado o como consecuencia de designación colegial.

 

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